en riesgo el servicio. Se deteriora el patrimonio hidráulico y el stock de capital público del que forma parte pierde valor. Mantener ese stock es esencial para la productividad. • El descenso de la contratación pública y la ausencia de una regulación adecuada de la colaboración público-privada están propiciando ofertas poco o nada razonables, que en muchas ocasiones se acercan al 50% del presupuesto base de licitación, lo que origina una situación de riesgo para la adjudicataria y para la Administración y, en cualquier caso, para el contribuyente, ya que la situación puede desembocar en una resolución del contrato, lo que en el caso de las infraestructuras supone la pérdida del dinero invertido si se abandonan y un aumento del precio y del plazo en el caso de que se liciten de nuevo, y en los servicios intelectuales, una merma de la calidad del servicio y del salario de los profesionales. Algunos órganos de la Administración justifican las bajas por el interés público o las achacan a un mal cálculo de los precios sin tener en cuenta que muchos proyectos llevan años aprobados y se licitan sin actualizar sus precios y olvidando que la causa principal de la situación del mercado es la falta de inversión y de una adecuada y acertada planificación. • La disminución de la actividad en I+D+i, que también depende de la inversión. Las empresas están invirtiendo menos por la falta de recursos y eso afecta a la productividad. Según el Plan Nacional, el Estado debería invertir el 2% del PIB, pero solo invierte el 1,2%. Y no hay que olvidar que el sector tiene otros problemas relacionados con la inversión: • La preparación de los concursos, sobre todo si son de proyecto y obra, es un coste para las empresas en el caso de que no sean adjudicatarias. Por eso es importante que se adecuen los criterios de solvencia a las necesidades del contrato y que se implanten procesos de precalificación para proyectos complejos. Con ello se evitaría que concurrieran empresas que no tienen la capacidad necesaria y cuyas posibilidades de ser adjudicatarias se sustentan en la oferta económica. De ahí la importancia de que los pliegos no primen la oferta económica sobre la técnica. • La competencia de la gestión del ciclo urbano del agua la tienen los entes locales, que en bastantes casos no tienen recursos suficientes ni para ejecutar las infraestructuras, ni para mantenerlas. Además, no suelen ser fiables en el cumplimiento puntual de las obligaciones económicas que contraen. • Es urgente actualizar las normas de cabecera que rigen el bloque normativo del agua, para adecuarlas a la Directiva Marco del Agua, y promulgar una norma que regule la colaboración público-privada para dar al sector la debida seguridad jurídica. Se ha de entender que cuando la Directiva de Contratación habla de oferta económicamente más ventajosa no quiere decir la más económica. • Se ha incumplido y se sigue incumpliendo la Directiva Marco del Agua y en consecuencia España tiene abiertos varios procedimientos, uno de ellos con sentencia condenatoria. Esto significa que por el momento hay que pagar 22 Mde euros al año a los que se unirán los que deriven de las futuras sentencias condenatorias. Sin embargo, pese a la multa, las actuaciones pendientes siguen sin ejecutarse. • En lo que atañe a los servicios del agua, cabe decir que por el momento no afloran los problemas, ligados al propio servicio, gracias al buen hacer de los operadores, que realizan labores no contempladas en el contrato y que no se les pagan. Otro problema es el retraso en la actualización de las tarifas. • La imperiosa necesidad de un pacto nacional del y por el agua que permita la debida solidaridad entre los pueblos y regiones. No es fácil esta tarea, pero se puede conseguir, solo se necesita generosidad política. • La carencia de una adecuada educación ciudadana que conciencie de la necesidad de respetar el agua y de su valor económico. price calculation, without taking account of the fact that many projects, ratified years previously, are put out to tender without prices being updated or without bearing in mind that the main cause of the current market situation is lack of investment and lack of adequate, well-thought-out planning. The decrease in R&D&i activity, which also depends on investment. Companies are investing less due to lack of resources and this affects productivity. According to the National Plan, the Spanish State should invest 2% of GDP in R&D&i but it currently invests just 1.2%. And it should not be forgotten that the sector has other investment-related problems: • Preparing tender bids, particularly if they encompass both design and construction, is a cost for companies if the bid is not successful. For this reason, it is important to adjust solvency criteria to the needs of the contract and to implement prequalification processes for complex projects. This would avoid bids from companies that do not have the necessary capacities and whose possibilities of securing the contract rest purely on the economic aspects of the bid. Arising from this is the importance of not prioritising economic aspects of bids over technical aspects in tender procedures. • The competence for management of the urban water cycle rests with local entities, who often do not have sufficient resources to build or maintain infrastructures. Moreover, these entities do not tend to be reliable in terms of punctual compliance with the financial obligations they enter into. • The general regulations governing water legislationmust be urgently updated to bring them into line with theWater Framework Directive and legislation governing public-private partnershipmust be enacted to provide the sector with the necessary legal certainty. It must be understood that when the Directive on Public Procurement speaks of the most economically advantageous tender, it does not mean the lowest bid. • Failure to comply with theWater framework Directive has existed and continues to exist. As a result, a number of non-compliance procedures have been taken against Spain, one of which has resulted in a condemnatory decision. This means that, for now, 22 million euro per annummust be paid, in addition to other sanctions arising from potential future condemnatory sentences. However, despite the sanctions, the pending initiatives have yet to be undertaken. • With respect to water services, it must be pointed out that there are currently no outstanding problems associated with the service itself, thanks to the good work of operators, who carry out work not envisaged in contracts without receiving remuneration for this work. Another problem is the delay in updating water charges. • The imperative need for a national pact on and for water that would enable due solidarity between people and between regions. This is not an easy task but it can be achieved. All that is required is political generosity. • The lack of adequate citizen education to raise awareness of the need to respect water and its economic value. A fondo: Análisis 2019 | In depth: Analysis of 2019 FuturEnviro | Febrero February 2020 www.futurenviro.es 37
RkJQdWJsaXNoZXIy Njg1MjYx