se le dota del presupuesto que necesita y esto por el momento no tiene visos de suceder. Esos Planes, fruto de una labor estrictamente técnica, están llamados a ser la raíz de un sistema de inversión sostenida y sostenible en el tiempo siempre que, realizados los cambios normativos que procedan, sean vinculantes las inversiones necesarias para ejecutarlos. No es razonable que la curva de inversiones desde los años 70 sea una sucesión de dientes de sierra, ni que su distribución regional obedezca a intereses partidistas; tampoco que la inversión esté por debajo del 50% de la que hubo en 2009. Estas carencias –planes hidrológicos de carácter técnico e inversiones vinculantes- han propiciado que durante estos años de crisis, la inversión haya sido la víctima propiciatoria del ajuste fiscal con el consiguiente descenso de la contratación pública, lo que está generando una serie de secuelas nada buenas para la sociedad, las cuales transcienden al sector del agua, entre ellas: • La pérdida significativa de empleos, muchos de ellos cualificados. Esto necesariamente se traduce en una pérdida de capacidad y de competitividad, ya que el personal y los medios que se pueden desplazar a otros países, donde hay mercado para las empresas españolas, están tasados porque protegen los suyos propios. • El deterioro de las infraestructuras y la puesta en riesgo de los servicios del ciclo urbano del agua. Si no se invierte no se pueden construir nuevas infraestructuras, ni renovar las que existen y las labores de mantenimiento y conservación no se realizan de forma adecuada, se deteriora el patrimonio hidráulico y el stock de capital público, esencial para mantener e incrementar la productividad pierde valor. Las decisiones sobre las inversiones a realizar dependen de la discrecionalidad de los responsables políticos, de ahí la necesidad del cambio que proponemos. • La irrupción en el mercado de ofertas poco o nada razonables, debido una década de escasa inversión, crea una situación de riesgo tanto para la empresa que hizo la baja exorbitante y resulta adjudicataria como para la Administración, y en cualquier caso para el contribuyente, pues en el extremo, el contrato puede que sea resuelto, lo que conlleva la pérdida del dinero invertido sí la infraestructura se abandona, o un coste muy superior en el caso de que se decida hacer una nueva licitación para terminarla; decisión que, en todo caso, supone un aumento significativo del plazo para su terminación. Si en el informe de fiscalización de la CNMC, que analizaba la contratación en 2013, se argumentó que las bajas podían ser la consecuencia de no haberse efectuado una correcta estimación del presupuesto o por haberse realizado sin ajustarse a los precios de mercado, los hechos han venido a demostrar que no tenía razón, por tanto mientras persista esta sequía inversora las bajas no se atemperarán, situación que algunos órganos administrativos han tendido a evitar introduciendo fórmulas de valoración de las ofertas en algún caso no lineales, que han sido admitidas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). No hay duda de que el crecimiento de la inversión, por cuanto supone de ampliación del mercado, hará que de nuevo las bajas sean fruto del arte de la buena construcción y no del hambre. • La disminución de la actividad en I+D+i, que también depende de la inversión. Las empresas invierten menos y ello afecta a la productividad. Según el Plan Nacional, el Estado debería invertir el 2% del PIB, pero solo invierte el 1,2%. Además el sector tiene otros problemas que, en cierto sentido, no dependen de la inversión. • La competencia de la gestión del ciclo urbano del agua la tienen los entes locales, que en bastantes casos no tienen recursos sufistipulated for the execution of the plans must be considered binding. It is not reasonable that the investment curve has been constantly fluctuating since the 70s or that its regional distribution has been based on vested interests. Nor is it reasonable that investment is currently 50% below that of 2009 investment. Failure to draft river basin management plans of a sufficient technical standard, with binding budgetary provisions, has meant that during these years of crisis, investment has been the victim of fiscal adjustments, with a resulting fall in public procurement. This is resulting in a number of consequences for society, consequences that transcend the water sector and which include: • Significant job losses, many of which are highly qualified jobs. This, of necessity, results in a loss of capacity and competitiveness, because the people and resources that might go to other countries, where there is a market for Spanish companies, face levies geared towards defending the people and resources of those countries. • Deterioration of infrastructures and jeopardization of urban water cycle services.Without investment, it is impossible to build new infrastructures or renovate existing infrastructures. Moreover, maintenance and conservation are inadequate, infrastructure deteriorates and the public capital stock, which is vital to maintaining and increasing productivity, loses value. Decisions on the investments to be made are at the discretion of political leaders. Hence, the need for the change we propose. • The emergence of very unreasonable or completely unreasonable tender bids, due to a decade of very low investment, creates a situation of risk both for the company that makes the very low bid and wins the contract and for the contracting authority. It is also risky for the taxpayer because in extreme cases the contract is terminated, which results in the loss of monies invested if the infrastructure is not completed, or a much higher cost if a new tender procedure is opened in order to complete the project. And a new tender procedure always means a significant increase in the time period required for the completion of the infrastructure. In the Spanish National Securities Market Commission (CNMC) Audit Report, which analysed public procurement in 2013, it was argued that low bids might be the result of incorrect budget estimates or the fact that they were not adjusted to market prices. However, the facts show that this is not correct. Therefore, while this investment drought has persisted, these low bids have not been eliminated. Some public bodies have tended to prevent them by introducing tender evaluation formulas, in some cases, non-linear formulas, that have been accepted by Central Administrative Tribunal of Contractual Appeals (TACRC). Gestión y tratamiento de agua | Water management and treatment FuturEnviro | Agosto-Septiembre August-September 2019 www.futurenviro.es 61
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