Gestión y tratamiento de agua | Water management and treatment FuturEnviro | Agosto-Septiembre August-September 2019 www.futurenviro.es 46 con la normativa europea, sobre todo cuando la Directiva Marco de Agua (DMA) no exige recuperar el montante total. Y llegados a este punto cabe preguntase ¿tiene sentido inventar medidas nuevas que pueden generar crispación sin haber aplicado antes la ley vigente que ya ha sido consensuada y, sobre todo, con la idea de aumentar la recaudación cuando lo que hay que hacer es disminuir el consumo de agua?... Lo que es importante determinar es qué precio deben pagar por el agua los usuarios y qué debe cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los costes ambientales tienen que ser asumidos por la toda la sociedad. Si se incrementa la tributación del agua, se perjudicará todavía más la competitividad de la agricultura, que ya en bastante desventaja está por unos costes de producción desorbitados debido al fuerte encarecimiento de la factura eléctrica en los últimos años. En los costes del agua debe aplicarse el principio del beneficiario o, dicho de otro modo, que paguen aquellos que se beneficien de cualquier servicio prestado por el organismo de cuenca o infraestructuras relacionadas con el agua. Lo lógico es que aquellas actuaciones que tienen un efecto favorable en el conjunto de la sociedad, como son las relacionadas con caudales ambientales, vigilancia y actuaciones en cauces de ríos o resguardo de avenidas en embalses, etc. sean asumidas por todos y vayan a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Lo que no puede ser es que lo paguen exclusivamente los regantes. Para quien no lo sepa, los regantes nos vemos obligados a producir con costes actuales pero a vender a precios de hace más de 30 años para garantizar el abastecimiento de los mercados a precios competitivos; un objetivo que además tampoco se consigue, pues en los últimos eslabones de la cadena alimentaria los precios finales de estos bienes de primera necesidad se incrementan en una media superior a un 400% sin que de este sobreprecio podamos obtener ningún beneficio. Modernizar para reducir el consumo No intentemos convertir los precios del agua en incentivos para reducir el consumo porque la legislación actual promueve ya un uso eficiente del agua. Además, está comprobado, que en el regadío el incremento de costes no disminuye el consumo, sino que cuando el agricultor no puede asumirlos, deja de regar, lo que conlleva unos perjuicios económicos y sociales para todo el complejo agroalimentario asociado. Así pues, esta medida resulta a todas luces incongruente, máxime cuando los regantes han hecho un sobresfuerzo a través de la modernización de regadíos. Lo que hay que hacer es impulsar el PlanDirector de Regadíos orientado a modernizar las 800.000 hectáreas todavía pendientes de acuerdo al doble objetivo de ahorrar agua y energía. No nos centremos solo en la gestión de las demandas y como consecuencia, en la reducción de recursos para regadío como medida para reducir el consumo de agua, porque esto tendrá no sólo un impacto negativo sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, sino sobre el entorno. Es muy curioso que los ecologistas estén pasando por alto que el regadío actúa como sumidero de CO2 y reduce la desertización, una General State Budget, given that environmental costs must be assumed by society as a whole. If water charges are increased, the competitiveness of agriculture will be further damaged. And the sector is already at a considerable disadvantage due to exorbitant production costs arising from the dramatic increase in the electricity bill in recent years. The beneficiary principle must be applied to water costs. In other words, those who benefit from any service provided by River Basin Management Authorities or water-related infrastructures should pay. What is logical is that the costs of those initiatives that have a beneficial effect for society as a whole, such as those related to environmental flows, riverbed monitoring and improvement, flood protection in dams, etc., should be assumed by all of us and should, therefore, be charged to the General State Budget. What is unacceptable is that these costs be borne exclusively by irrigators. For those who are not aware, irrigators are obliged to produce at current costs and sell at prices of over 30 years ago in order to ensure that markets are supplied at competitive prices. And this latter objective is not even achieved because in the final links of the food distribution chain, the end prices of these basic necessities are increased by an average of over 400%, without any benefit for irrigators. Modernising to reduce consumption Let us not convert water prices into incentives to reduce consumption, because current legislation already promotes efficient water use. Moreover, it has been demonstrated that in irrigation, increased costs do not reduce consumption.What happens is that when farmers cannot afford these costs, they cease to irrigate, which results in economic and social effects that damage the entire agri-food industry. Therefore, this measure is clearly incongruous, particularly bearing in mind that irrigators have made a supreme effort in terms of upgrading irrigation systems.What is needed is an Irrigation SystemMaster Plan aimed at modernising the 800,000 hectares that have still to achieve the dual objective of saving water and energy. Let us not focus on demand management and a consequent reduction in resources for irrigation as a measure to reduce water consumption. This would not only have an adverse impact on economic growth and job creation, but also on the environment. It is very curious that ecologists overlook the fact that irrigation acts as a CO2 sink and reduces desertification, one of the main consequences of climate change. It is also overlooked that irrigation is vital to keep people on the land and prevent rural depopulation. If there are no people in the country, who will care for the environment? It is also striking that rather than committing to adequate hydrological planning, Spain is considered a mature country in terms of water and stopping the construction of new regulating infrastructure is being advocated, when such infrastructure is not only essential to mitigate the effects of climate change but also
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