TRIBUNA 36 precio había subido extraordinariamente. Esto supone una ilegalidad porque se rompe el equilibrio económico del contrato reconocido por la ley y la jurisprudencia. Es un hecho que los precios suben y bajan, por eso es necesario volver a la revisión de precios tal y como se concibió esta institución en sus orígenes y hacerlo sin demora para restituir la legalidad perdida. Es una necesidad sentida, sobre todo ahora en que el mundo de la digitalización está en auge, la de agilizar los procedimientos administrativos, ya que entre la concepción de una actuación y su terminación pueden pasar años. Si partimos del anuncio de la licitación, la duración del proceso hasta la adjudicación es frecuente que dure más de seis meses y llegar al año. A esto hay que sumar las incidencias propias del desarrollo del contrato. Algo se debe de hacer para cambiar la situación. Ya en la memoria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se explicita la necesidad del cambio. El resultado por ahora es que el propio Plan acorta algunos plazos, pero por lo demás todo sigue igual. PROYECTOS COJOS Se entiende que la decisión de materializar las actuaciones esta precedida por la necesidad, por lo que es importante tenerlas concluidas en el plazo más breve posible, por eso no se entiende que, en los contratos de obra, los más frecuentes, en los que se licita un proyecto tal cual, se introduzcan cláusulas tales como ‘comprobación de los cálculos’ que denotan que el proyecto está cojo, por no decir inconcluso, lo que sin duda retrasará la ejecución y supone un gasto adicional para el contratista en favor de la administración. Y es que a los proyectos hay que dedicarles tiempo y dinero para que puedan resultar directamente constructivos y de esta manera no surjan incidencias adicionales que por imprevisión retrasan el fin de las obras. En estos contratos el licitador presenta la memoria, en la que expone como desarrollará el proyecto y los medios que empleará, la documentación requerida y demás exigencias del pliego. Los técnicos del órgano de contratación estudian toda la Javier Romero de Córdoba propone agilizar los procedimientos administrativos, "ya que entre la concepción de una actuación y su terminación pueden pasar años". Las cosas necesariamente han de cambiar, pues está en riesgo el ciclo integral del agua urbana. La solución está en manos de los poderes públicos que parecen no saber, pero saben, que están bajo una espada de Damocles, pero, mientras todo funcione, de qué preocuparse
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