A FONDO 30 Por todo ello, esta ambiciosa Directiva llevará consigo importantes desafíos tecnológicos —es imprescindible disponer de tecnologías altamente eficientes—, de gobernanza —por el complejo marco competencial de nuestro país— y económicos. En ese sentido, como ya hemos señalado en numerosas ocasiones, se prevé un gran impacto económico y unos importantes sobrecostes de los servicios de saneamiento, por lo que creemos que la norma debe venir acompañada de una sólida estrategia de financiación, garantizando tanto la asequibilidad de las tarifas como la estricta aplicación del principio de ‘quien contamina paga’. Asimismo, desde el sector del agua urbana defendemos que es necesaria una extensión de plazos para poder dar cumplimiento real a muchas de sus exigencias. OTROS DESAFÍOS PARA LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR Es obvio que tenemos importantes desafíos a afrontar en el corto plazo, pero no nos podemos olvidar los retos que el sector del agua urbana de debe resolver a más largo plazo. Desde hace años, venimos reclamando la necesidad de realizar un mayor esfuerzo inversor sostenido para acometer tanto la renovación de las infraestructuras como la construcción de otras nuevas, si queremos alcanzar los objetivos medioambientales, mantener la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua, así como avanzar en el cumplimiento de los ODS y en la lucha contra el cambio climático. Actualmente, en España la media anual de inversión real en el ciclo del agua urbana no alcanza el 50% de lo necesario. Asimismo, no nos cansaremos de incidir en que debemos progresar en el cumplimiento de los preceptos recogidos en la Directiva Marco del Agua, que establece los principios de ‘recuperación de costes’, una ‘adecuada contribución del usuario’ y de que ‘quien contamina paga’. No cabe duda de que la sostenibilidad económica de los servicios de agua urbana es un importante desafío que debemos resolver cuanto antes, ya que nos encontramos en una coyuntura económica donde se han producido y se producirán sobrecostes muy significativos, que traen consigo el incremento de los precios de suministros y de los servicios que conforman el coste del agua. Hay que resaltar que, en general, el sector del agua urbana no ha repercutido suficientemente en las tarifas estos incrementos de costes. Sin la sostenibilidad económica de los operadores, será muy complicado mantener la necesaria sostenibilidad social y ambiental. Desde hace años, España cuenta con una de las tarifas de agua urbana más bajas de Europa. Actualmente nos situamos un 45% por debajo de la media europea. Es importante señalar que la tarifa actual solo cubre, y no siempre, los gastos operativos del servicio, pero no los relativos a las infraestructuras: amortización, renovación y nuevas actuaciones para la mejora de prestaciones o calidad del agua y servicio. Desde el sector, sostenemos que debería establecerse una estructura de costes y tarifaria clara y transparente para el usuario, de manera que el precio del agua refleje su valor real y asegure la gestión sostenible a largo plazo y las inversiones necesarias. Asimismo, continuamos reclamando una armonización regulatoria en materia de gobernanza y administración de los servicios urbanos del agua, orientada a la eficiencia y la adecuada transparencia, así como un mayor impulso a la innovación. Por ello, pensamos que se hace necesaria la figura de un cuerpo regulador técnico e independiente cuyo objetivo debe ser el de armonizar las estructuras tarifarias y atender al cumplimento de los niveles básicos de prestación de estos servicios públicos y vitales, así como a la estabilidad y sostenibilidad económico-financiera y social de los mismos, aportando claridad y seguridad jurídica. Por último, sería deseable un pacto social y político que contemple también las demandas del sector del agua urbana, para lograr acometer todos estos importantes desafíos. Dicho consenso requiere de la implicación y acuerdo de todos los actores –estatal, autonómico, local y la propia ciudadanía– para afrontar con éxito todos estos retos, que son necesarios para garantizar la sostenibilidad medioambiental, económica y social de los servicios de agua urbana.n “Pensamos que la futura Directiva supondrá un avance en la protección de medio ambiente, los ciudadanos, la gobernanza, la trasparencia y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los planteados por el Pacto Verde Europeo”
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