A FONDO 10 cación y nomenclatura, además de no estar adaptadas a los planteamientos de la economía circular. Esto llevó a nuestra asociación a cerrar una colaboración con la Asociación de Gestores de Residuos Sanitarios (Agersan) para poner en marcha un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios. Consideramos que va a facilitar a las Administraciones Públicas competentes el cumplimiento de la Disposición final séptima de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, en la que se establece un plazo máximo de tres años para llevar a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de estos residuos. Esperamos que este estudio promovido por el sector adelante estos plazos para permitir cuanto antes la puesta en marcha de una ley nacional para los residuos sanitarios. LA GESTIÓN DEL AMIANTO SIGUE ESTANCADA Otro asunto que no lleva el ritmo deseado, pese a estar incluido en la nueva ley de residuos, es el trabajo que se debe poner en marcha para gestionar el amianto, un residuo peligroso que no es reciclable y cuyo único destino posible es el depósito en vertedero mediante encapsulamiento y confinamiento. Para ello, en primer lugar, es necesario que los ayuntamientos realicen un censo de instalaciones y emplazamientos que contengan amianto, pero, previamente, sería conveniente una definición de criterios y medidas de control a nivel nacional que faciliten este censo si queremos armonizarlo en todas las comunidades autónomas. Esperamos que esta cuestión se incluya en el desarrollo del ‘Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2023-2025’, que cerró la fase de consulta pública el pasado mes de agosto. Un plan estatal que se ha visto afectado por la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023 pero que resulta un requisito indispensable para acceder a los fondos europeos. LLEGARON SOLUCIONES PARA GESTIONAR LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A pesar de esta convocatoria electoral, que nos llevó a tener un gobierno en funciones hasta mediados de noviembre, sí se produjo una novedad legislativa relevante para los gestores que trabajan en la descontaminación y remediación de suelos. A mediados del pasado mes de septiembre entró en vigor el Real Decreto 665/2023 por el que se modificó el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Esta modificación normativa mejora la reguA finales de este año, el Miterd, implantó trámites alternativos para no paralizar la gestión de residuos motivados por problemas en los sistemas informáticos, dando respuesta a una demanda de “todo el sector para poder trabajar con garantías y seguridad jurídica”.
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