ESPEC I AL 1 00 38 los derivados al futuro cuando se acometan los mantenimientos preceptivos, pero con unas instalaciones mucho más deterioradas. Además, conlleva la pérdida de empleos cualificados, restando capacidad al sector, que siempre ha sido puntero a nivel internacional y en la actualidad lo sigue demostrando. Por otra parte, un bajo nivel de inversión prácticamente anula la capacidad de un país para ser referente en innovación, no pudiendo las empresas destinar recursos para I+D+i. La escasa inversión acrecienta las bajas en las licitaciones que se sitúan en niveles poco o nada razonables y pone en riesgo el cumplimiento del contrato y, en el caso de los servicios, la calidad de los mismos. Se debe buscar la mejor relación calidad-precio, que no corresponde necesariamente a la oferta más barata. Una inversión adecuada siempre es garantía de conservación del capital público hidráulico y permite su tan necesario incremento en aras de asegurar esa protección, conservación y respeto al medio ambiente que proclama la Constitución y que resulta fundamental para la vida en nuestro planeta. Para revertir la situación, Asagua propone que la inversión sea sostenida y sostenible en el tiempo. Para conseguirlo, se necesita una buena planificación en la que primen los aspectos técnicos y las necesidades sociales sobre los intereses partidistas para alcanzar el bien común. No es sensato prescindir de cualesquiera sistemas que contribuyan a obtener recursos y repartirlos con solidaridad, como los tan contestados trasvases y embalses. En cuanto a otros aspectos, consideramos necesario residenciar las competencias en materia del ciclo urbano del agua en estructuras supramunicipales, ya que es un hecho que la mayoría de los ayuntamientos carecen de recursos económicos y técnicos para afrontar el servicio con las debidas garantías. Aunque sea repetir sobre lo ya manifestado durante tantos años, se hace cada vez más urgente la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional para garantizar planes hidrológicos de cuenca. Planes que sean sensatos y, por tanto, que se puedan cumplir. Para ello es necesario cambiar las estructuras administrativas y agilizar los trámites inherentes al proceso de licitación, además de abordar una actualización de la Ley de Aguas. Cabe aquí un comentario al respecto de seguir intentando establecer un marco normativo y jurídico para posibilitar la colaboración público-privada. En otros países, donde incluso están participando nuestras empresas españolas, es una fórmula habitual y con numerosos casos de éxito. Todo esto, en este entorno político-económico que nos encontramos últimamente y que tiene pinta de prolongarse en el futuro, es fundamental y necesario para acrecentar la inversión necesaria para garantizar la sostenibilidad. Una comunión entre las regiones, aproximándose a lo que sería un ya utópico Pacto Nacional por el Agua, con un consenso regulatorio global donde en todos los casos se pague el precio del coste del agua, tal y como ya hace varias décadas está recogido en la Directiva Marco del Agua para que así se garantice la debida solidaridad entre las regiones de España y la búsqueda de la igualdad entre todos los ciudadanos. Para finalizar, quiero hacer una somera referencia a la subida extraordinaria del coste de los materiales y de la energía, añadido a los problemas que causa el desabastecimiento, todo lo cual impone la implantación de la revisión de precios sin el límite del 20% y la inclusión de los costes laborables y la energía y que, en términos de igualdad con los contratos de obra, se extienda a los contratos de servicios. Las bajas en las licitaciones, debido a la escasez de estas, están propiciadas por pliegos poco realistas que velan la suma importancia de la memoria técnica y priman aspectos puramente formales, como puede ser el caso del personal adscrito a la obra. ¿Están preparadas las empresas españolas para cumplir los requisitos legislativos fijados, actuales y previstos, por la Unión Europea? Las empresas españolas que dedican su actividad al mundo del agua son un referente a nivel mundial. Están suficientemente capacitadas para cumplir cualesquiera normas que afecten a la mejora de la calidad del servicio. No en vano, cuentan con departamentos no sólo técnicos, sino jurídico-administrativos, todos de primer nivel, perfectamente capaces de adaptar sus procedimientos y sus proyectos e infraestructuras a los requerimientos técnicos necesarios. Esta actividad forma parte de su día a día, pues buscan la mejora y la optimización de la eficiencia de las instalaciones por ellas gestionadas con el fin de dar un mejor servicio y abaratar los costes, todo ello sin merma de la calidad ofrecida y aumentando incluso la compatibilidad por un cada vez mayor respeto y cuidado del medio ambiente. De lo dicho, es un claro exponente la primera convocatoria en concurrencia competitiva del PERTE del agua, que busca la digitalización integral del ciclo urbano del agua y que ha sido todo un éxito. Ha recibido un aluvión de propuestas originales y novedosas gracias a la capacidad de innovar que tienen las empresas del sector, que son motor de arrastre de las administraciones públicas.
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