ESPEC I AL 1 00 19 Valoramos la ley por su reconocimiento a la labor de los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como actores fundamentales en la gestión de residuos. Además, destacan importantes medidas de carácter interno, como la creación en el ya existente Registro de Productores de una sección para cada flujo de residuos sometidos a RAP; la exigencia de garantías financieras; la designación de un representante autorizado por los productores establecidos en terceros países y que comercialicen productos sometidos a RAP en nuestro país, o la consideración como productores de las plataformas de e-commerce para asegurar que las ventas online cumplen sus obligaciones en materia de gestión de residuos. Respecto al punto de vista tecnológico, destacaría los avances en I+D+i para el desarrollo de tecnologías de desmontaje y tratamiento de residuos más recientes y con una gran perspectiva de crecimiento en las próximas décadas, como es el caso de los paneles fotovoltaicos, con la finalidad de recuperar el mayor índice de materiales posible. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones de Recyclia en la evolución del sector en estos últimos diez años? Nuestra principal contribución en esta última década es la creación de Recyclia, la primera entidad administradora de SCRAP del sector de la gestión de residuos de nuestro país, en nuestro caso para aparatos electrónicos y pilas y baterías en desuso. El afianzamiento de este modelo, que ha sido adoptado posteriormente por distintos actores de este mercado, ha permitido optimizar un 30% esta actividad en nuestro país, mediante la reducción de costes de gestión, gracias a las sinergias entre SCRAP, y la adquisición de flexibilidad y capacidad de adaptación para absorber nuevas tipologías de flujos de residuos, como paneles fotovoltaicos o baterías de vehículos de movilidad eléctrica. El modelo que hemos aportado también permite optimizar la interlocución de los SCRAP con las administraciones públicas, el acceso a I+D, la formación de profesionales y la capacidad de creación de empleo en un sector con un peso socioeconómico cada vez más relevante en la economía verde. ¿Cuáles son los principales cambios que prevé de cara al futuro a corto y medio plazo? ¿Qué papel jugarán en este escenario los colectivos empresariales? Específicamente, la optimización del sector de la gestión de residuos electrónicos y pilas, foco de nuestra actividad, pasa por los últimos cambios normativos nacionales y los que están por venir de Bruselas. En relación con los ya en vigor, quisiera destacar el Real Decreto 993/2022, que persigue frenar la comercialización en el mercado español de dispositivos tecnológicos que no cumplan con la regulación europea sobre utilización de determinadas sustancias peligrosas y cuya vigilancia estará a cargo de los Servicios de Inspección SOIVRE. Ya en el terreno de las pilas y baterías, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado recientemente las nuevas normas para el diseño, la producción y la gestión de este tipo de residuos. Este nuevo Reglamento contempla medidas que permitirán minimizar aún más el impacto ambiental de estos flujos de residuos y garantizar su trazabilidad. Por ejemplo, la declaración y etiqueta obligatorias sobre huella de carbono, así como un pasaporte digital, para las baterías de vehículos eléctricos, medios de transporte ligeros —bicicletas y patinetes eléctricos— y las industriales recargables con una capacidad superior a 2 kWh. En mi opinión, los colectivos empresariales son frecuentemente la palanca de los avances y de la transformación, también en materia de sostenibilidad ambiental. El sector de fabricación TIC es un excelente ejemplo, especialmente su compromiso con la inversión en innovación para diseñar y desarrollar aparatos electrónicos sostenibles desde su diseño. ¿Están preparadas las empresas españolas para cumplir los requisitos legislativos fijados por la Unión Europea? ¿Y las administraciones públicas? El tejido empresarial de nuestro país está preparado en términos de infraestructura de recogida separada de residuos, pero sí es cierto que nuestro país aún tiene un déficit de capacidad de reciclaje de materiales que contribuyan a mejorar la circularidad y la competitividad, así como en inversión para el desarrollo de mercados de materias primas secundarias de alto valor. En este sentido, consideramos una oportunidad las líneas de actuación que recogen los fondos Next Generation para mejorar la dotación de infraestructuras y capacidades para el tratamiento de dos de esos flujos de nuevos residuos que más crecerán en los próximos años. En lo que se refiere a las administraciones públicas, su mayor reto es ser capaces de aprovechar el potencial de contribución de la industria de reciclaje a la modernización de nuestra economía, mediante la adopción de medidas precisas que implican a fabricantes, recicladores, administración y consumidores. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de fortalecer los sistemas de información y coordinación interterritorial mediante una gestión centralizada y eficiente de los datos de los flujos de residuos.
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