dad, ya que no se cumple el porcentaje actual de un 11% de volumen energético de combustibles renovables. Tampoco cumplen con la obligación de establecer reservas estratégicas, cuestión fundamental para la seguridad energética de un Estado. No ingresan el importe correspondiente al impuesto de eficiencia energética, lo que también es un menoscabo económico; y, finalmente, otra cuestión de vital importancia: distorsionan el mercado introduciendo una competencia desleal que arruina a empresas que cumplen con sus obligaciones y crean un desconcierto en los consumidores de muy difícil explicación. Es evidente que cualquier consumidor quiere comprar un producto al mejor precio posible, y que, al margen de calidades, por supuesto que los aditivos suponen una mejora sustancial del producto, una buena cantidad de las estaciones de servicio ofrecen productos de muy similares características, por lo que no pueden entender cómo puede haber diferencias de precio tan grandes. La respuesta es sencilla: están comprando producto proveniente de fraude en todas las circunstancias que hemos explicado. Por supuesto que existe una figura necesaria en todo esto, la gasolinera que compra este producto. Es difícil determinar si está cometiendo directamente un delito, porque compra con una factura legal y paga el IVA de la misma, pero no me cabe en la cabeza que un empresario que sabe los márgenes que hay en el sector, no sepa que la compra que está realizando es absolutamente anómala. Por mi parte, no hay más reflexión que decir que espero que les expulsen del mercado y, por supuesto, que como patronal tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para que así sea. Agradecemos la modificación normativa, pero nos parece escasa para acabar con el problema. Por ello hemos instado una enmienda a la Ley que vaya más allá y ataje el problema desde el principio, es decir, que solo estén en el mercado aquellos operadores que ofrezcan garantías de seguridad en su funcionamiento y se instauren controles preventivos de este tipo de actuaciones fraudulentas y que además ha demostrado su eficacia en otros países que han sufrido los mismos males. Sea nuestra solución u otra que tenga el mismo efecto, estamos expectantes ante su llegada y esperamos que, pese a la complicada situación política, se tramite lo antes posible. n La entrada en vigor de esta reforma legal fue el pasado 28 de marzo, quizá aún sea pronto para valorarla, pero no pinta demasiado bien; al menos, hemos reducido de forma muy importante a los posibles defraudadores. Las repercusiones que estas actuaciones delictivas tienen son varias y todas de extrema importancia. En primer lugar, como ya se ha dicho, supone una disminución de ingresos para las arcas del Estado superior a los 1.000 millones de euros solo en el año 2023, derivada de no ingresar el IVA correspondiente a esas operaciones. Además, supone también un retroceso en la descarbonización de la movili39 CARBURANTE
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