Para explorar posibles soluciones, la jornada también contó con un espacio dedicado a las experiencias de otros países de la UE, en concreto, de Italia y Portugal. Marina Barbanti, directora de Unem (Unione Energie per la Mobilità) explicó que en Italia fue clave la colaboración con la Administración para identificar las causas y poder aplicar medidas adecuadas: “hemos conseguido reducir el fraude de un seis por ciento del mercado, a un uno o dos por ciento”. Por su parte, Antonio Comprido, secretario general de Apetro-Energia em Evolução, señaló las tres causas principales del fraude en el país luso: las insuficiencias regulatorias, la lentitud de la justicia, la falta de coordinación entre las Administraciones y la necesidad de mejoras de los procedimientos de control. En la mesa redonda de diálogo, Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar; Javier Albares, presidente de la Comisión Antifraude de AOP; Jorge de Benito, presidente de CEEES y Luis Nieves, presidente de UPI, han apuntado que pese al interés mostrado por el Gobierno para poner freno al problema del fraude fiscal en carburantes, la situación persiste y las medidas llevadas a cabo hasta ahora son insuficientes. Una de las modalidades de fraude más comunes y la más alarmante a juicio de los ponentes, es el impago del IVA. Por ello, durante la jornada se ha analizado la medida consistente en garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan. De esta forma, los operadores fraudulentos que actualmente no ingresan el IVA verán limitadas sus opciones. Esta medida ha sido propuesta por algunos de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de Ley procedente del Real Decreto-Ley 8/2023 y es un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector. Por este motivo, las asociaciones insistieron en la necesidad de retomar la tramitación parlamentaria de la ley, que está paralizada desde hace semanas, y recalcan la importancia de que los grupos respalden la incorporación de esta medida en la redacción definitiva de la Ley, y se pueda poner en marcha. OTRAS MEDIDAS PARA COMBATIR EL FRAUDE Además, se pusieron sobre la mesa otras medidas para aplicar de manera urgente, como, por ejemplo, la obligación de liquidaciones mensuales del IVA y la llevanza de los libros de facturas mediante el Suministro Inmediato de Información (SII) para todos los que intervienen en la cadena de comercialización del sector. Por ello, insisten en la importancia de incrementar el control, tanto en el proceso de autorización para operar en el sector a los “Operadores Petrolíferos”, como a lo largo de toda su vida activa para asegurar que cumplen con sus obligaciones. El sector coincidió en que es la Administración quien debe intensificar las labores de control y seguimiento, así como adoptar medidas que incrementen, en primer lugar, la prevención del fraude y en segundo lugar, la velocidad y también la capacidad de detección del mismo. Además, la coordinación entre las distintas administraciones es una condición clave para una eficaz lucha contra el fraude. Los operadores minoristas y las estaciones de servicio hicieron especial énfasis en este punto, ya que para ellos la prevención y el control en los eslabones previos de la cadena es clave. Esto se debe a que la competencia desleal puede ser muy dañina para las gasolineras más vulnerables, incapaces de competir con precios anormalmente bajos derivados del fraude. Respecto de la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, alertaron de la intensificación del fraude en incorporación de biocarburantes que se ha producido en los últimos años, que, aseguran, será mayor a medida que aumente el porcentaje obligatorio de combustibles sostenibles a incorporar. Además de suponer una competencia desleal, han subrayado su impacto en el clima. Por ello, han propuesto mejoras en el actual sistema de certificación de biocarburantes (SICBIOS), así como la incorporación de un sistema de alerta temprana del fraude. “Toda la cadena de valor pide urgentemente la toma de medidas contundentes y acciones concretas, y está dispuesta a colaborar estrechamente con la Administración para abordar de manera conjunta los cambios regulatorios necesarios para poner fin al fraude en la distribución de carburantes y garantizar la seguridad de suministro energético, la protección de los contribuyentes y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización”, concluyeron las entidades representantes de la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes. n 11 CARBURANTE
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