El acto tuvo lugar en la sede de CEOE y contó con la inauguración del presidente de la organización de empresarios, Antonio Garamendi, que incidió en que “el fraude fomenta una competencia desleal, que va en detrimento del propio desarrollo confianza, mediante la garantía de una competencia leal”.El fraude en la distribución de carburantes impacta negativamente en la actividad del sector, ya que lastra la competitividad de los operadores que cumplen la normativa e, incluso, pone en riesgo la continuidad de las compañías más vulnerables. De igual modo que afecta muy considerablemente a la seguridad de suministro, a la recaudación impositiva y a la consecución de los objetivos de descarbonización. Según ha expuesto Juan José Blanco, socio de KPMG Abogados, el fraude “resta muchos ingresos al Estado, además de expulsar del mercado a otros operadores, ya que el nivel de operadores cumplidores se va reduciendo por la imposibilidad de mantener este negocio”. Entre las soluciones que ha propuesto, ha señalado la necesidad de mejorar la agilidad de la Agencia Tributaria para actuar y anticipar el pago del IVA. Ante esta grave situación, el sector reclama medidas que, de forma definitiva y efectiva, permitan la prevención y erradicación de este tipo de prácticas fraudulentas. AEVECAR, AOP, CEEES Y UPI RECLAMARON MEDIDAS URGENTES Y LA GARANTÍA DEL PAGO DEL IVA EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN DE CARBURANTES SE UNE CONTRA EL FRAUDE Aevecar, AOP, CEEES y UPI organizaron la jornada ‘Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución’, para analizar este problema, su repercusión sobre la actividad empresarial y las arcas públicas y las soluciones más eficaces para ponerle freno. Han apuntado en este sentido a una fórmula que garantice el pago del IVA como una vía eficaz y necesaria para atajar las irregularidades, junto con la adopción de otras medidas complementarias. Ante la situación actual, el sector reclamó medidas que, de forma efectiva, permitan la prevención y erradicación de este tipo de prácticas fraudulentas. empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector”. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un “marco jurídico que ofrezca certezas y genere 10 CARBURANTE
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