15 CARBURANTE Otras asociaciones, como CEEES y Codigasoil también han emitido notas de prensa individualizadas alertando de que la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2023 el 28 de marzo ha supuesto un incentivo para los defraudadores. Además, demandan la implementación de una “verdadera fiscalidad verde” que incentive el consumo de los combustibles renovables o ecocombustibles. ¿CÓMO AFECTA EL FRAUDE A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA? También existe otro tipo de fraude aparte del que se produce en el pago del IVA. Como os hemos contado en otras ocasiones, en nuestro país existe una obligación de venta de un mínimo de biocarburantes para el transporte. Si no se cumple, también existe la posibilidad de cumplir mediante pagos compensatorios. Sin embargo, conforme estas obligaciones han ido aumentando (en 2024 se sitúa en un 11% del total del carburante de automoción), han aumentado las cantidades no ingresadas en concepto de compensación. Según el Sistema para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) de Miteco, en 2022 el importe pendiente de ingreso alcanza los 95,4 millones de euros, casi 70 veces más que en 2015, una cifra que también avala el Real Decreto-Ley 8/2023 en su exposición de motivos. Este creciente incumplimiento de la obligación de incorporación de biocarburantes retrasa la reducción de emisiones de CO2 en el transporte, comprometiendo, por tanto, los objetivos de descarbonización. n ANDREU PUÑET, DIRECTOR GENERAL DE AOP Durante quince años, nuestra asociación ha venido denunciando el fraude en la distribución de carburantes en España. A lo largo de este tiempo, el problema ha ido en aumento, por lo que creemos que es el momento de tomar medidas urgentes. El recientemente aprobado Real Decreto-Ley 8/2023 es un paso en la buena dirección, pero no es suficiente. El fraude en el sector de la distribución de carburantes opera de dos maneras. Por un lado, se lleva a cabo evadiendo el pago del IVA al extraer el carburante de un depósito de almacenamiento para su venta, dejando de ingresarlo cuando realizan las operaciones de venta subsiguientes, tal y como están obligados. Por otro lado, estas compañías incumplen otras normativas sectoriales, como la obligación de incorporar biocarburantes, lo que tiene graves consecuencias ambientales y afecta a los objetivos climáticos. El fraude solo beneficia a los defraudadores, perjudicando a todos los ciudadanos mediante la disminución de los ingresos públicos y afectando a consumidores y empresas que cumplen con las normativas. Además, constituye un problema medioambiental que obstaculiza la transición energética. Al mismo tiempo, desde la asociación colaboraremos estrechamente con el Gobierno y las autoridades pertinentes para encontrar soluciones efectivas que pongan fin a esta lacra del fraude en el sector de la distribución de carburantes. Creemos firmemente en la importancia de una cooperación activa entre el sector privado y el público para garantizar la integridad y transparencia en todas las operaciones, así como para promover un entorno empresarial justo y sostenible. Juntos, podemos trabajar hacia un futuro donde el marco regulatorio sea un pilar fundamental en la industria y la transición energética, en un entorno de competencia leal y sana. El incumplimiento de las obligaciones por parte de algunos actores del sector, “les da una ventaja competitiva frente al resto de operadores que sí cumplen con sus obligaciones, algo que pone de manifiesto la urgencia de acometer esta revisión normativa”.
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