REVISTA MENSUAL D.L.: B-10.454/2017 ISSN Revista: 1888-7864 ISSN Digital: 1988-9119 «La suscripción a esta publicación autoriza el uso exclusivo y personal de la misma por parte del suscriptor. Cualquier otro reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta publicación sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares. En particular, laEditorial, a losefectosprevistosenel art. 32.1párrafo2del vigenteTRLPI seoponeexpresamenteaquecualquier fragmentodeesta obra sea utilizado para la realización de resúmenes de prensa, excepto si tienen la autorización específica. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra, o si desea utilizarla para elaborar resúmenes de prensa (www.conlicencia.com; 91 702 19 70/93 272 04 47)». Edita:: Director editorial: Salva Bravo Nebot Coordinación comercial: Samuel Orea Director: Angel Hernández Director Comercial: Marc Esteves Director Área Industrial: Ibon Linacisoro Director Área Agroalimentaria: David Pozo Director Área Construcción e Infraestructura: DavidMuñoz Directora de Área Tecnología yMedio Ambiente: Mar Cañas Directora Área Internacional: Sònia Larrosa www.interempresas.net/info comercial@interempresas.net redaccion@interempresas.net Director General: Albert Esteves Director de Desarrollo deNegocio: Aleix Torné Director Técnico: Joan Sánchez Sabé Director Administrativo: Jaume Rovira Director Logístico: Ricard Vilà Directora Agencia Sáviat: Elena Gibert Amadeu Vives, 20-22 08750Molins de Rei (Barcelona) Tel. 93 680 20 27 DelegaciónMadrid Santa Leonor, 63, planta 3a, nave L 28037 Madrid Tel. 913291431 DelegaciónValladolid Paseo Arco del Ladrillo, 90 1er piso, oficina 2ºA 47008 Valladolid Tel. 983 477 201 www.novaagora.com Portavoz oficial de: Audiencia/difusión en internet y en newsletters auditada y controlada por: Interempresas Media esmiembro de: EDITORIAL La mejora continua conlleva un enfoque crítico sobre todos los aspectos relacionados con el perfeccionamiento de los servicios, los productos y los procesos productivos. Y una de las prácticas que deben implantarse para lograr esa mejoría es la escucha atenta de los actores implicados en esos procesos, desde los operarios a los usuarios. Si bien a nivel empresarial, particularmente desde el punto de vista productivo, esa constante mejora es deseable, a nivel legislativo las modificaciones y cambios no son aconsejables, puesto que la inseguridad jurídica que propician las rectificaciones no genera la confianza necesaria para afrontar el futuro. Eso es lo que ha sucedido con el Real Decreto-ley 6/2022 y eso es lo que podría terminar sucediendo con el anunciado “nuevo gravamen” aprobado el 13 de septiembre en el Pleno del Congreso de los Diputados con el que se pretende aplicar una tasa a los “beneficios extraordinarios” de empresas suministradoras de energía. Una tasa a la que, por suerte, le queda recorrido parlamentario. Es cierto que las excepcionales circunstancias que rodean a los mercados internacionales energéticos están propiciando la aprobación de medidas inauditas, impensables hace menos de un año, desde la prevista nacionalización de EDF por parte del Gobierno francés a la toma de control de las refinerías de la compañía rusa Rosneft en territorio germano por parte del Ejecutivo alemán. Pero esa excepcionalidad es la que exige tiento y cuidado y, también, consenso, debate previo y -no se puede pasar por alto- un alineamiento con las normas emanadas desde la Unión Europea. Y si desde las autoridades comunitarias se propone la creación de impuestos que graven los beneficios extraordinarios logrados en 2022 por compañías petroleras, gasísticas y carboníferas, siempre que se incrementen más de un 20% sobre la media de los obtenidos en los últimos tres años, la propuesta del Gobierno español aboga por imponer una tasa sobre las ventas al aplicar un tipo del 1,2% sobre la facturación de las compañías que hayan logrado ingresos superiores a los 1.000 millones de euros durante los dos últimos años. Vistas las diferencias, y ante la necesidad de optimizar los procesos legislativos y no atentar contra la exigible seguridad jurídica, la tramitación parlamentaria debe orientarse para que la tasa se alinee con las propuestas de Bruselas, para evitar retoques que solo generan quebraderos de cabeza y molestias a los actores que participan en los sectores legislados. La mejora continua, no siempre deseable
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