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Cantidades mareantes y difíciles de traducir para quienes hemos vivido más de la mitad de nuestras vidas contando el dinero en pesetas. El empacho de cifras milmillonarias es casi proporcional a la desconfianza que se ha instalado en amplias capas de la sociedad sobre los anuncios de administraciones de toda índole, abonadas a los anuncios grandilocuentes que, en demasiadas oca- siones, terminan en agua de borrajas. El beneficio de la duda es poco cosa cuando tanto ciudadanos como empresas se enfrentan a una situación (la pandemia del coronavirus y sus múltiples deriva- das) que, previsiblemente, se complicará aún más cuando los ERTEs a los que se han agarrado multitud de empresas culminen, como anuncian diversos analistas, en una marea de EREs que incrementarán el número de desempleados de la eco- nomía de la Unión Europea, la española, con mayor porcentaje de su población en paro. Un drama que adquiere forma de tragedia cuando ese mismo foco se fija so- bre los jóvenes. El texto mantiene la obligatoriedad de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en aquellas gasolineras que en 2019 comercializaran más de cinco millo- nes de litros de combustibles. Esta medida podría terminar provocando una acu- mulación de postes de recarga en pasos fronterizos en los que camiones llenan sus depósitos camino de Europa y, por otro lado, kilómetros y kilómetros de vías sin nin- guna instalación en la que poder recargar las baterías de unos vehículos, los eléctri- cos, cuyo incremento en el parque rodante nacional sigue siendo tímido. En este sentido, Ladislav Balko, integrante del Tribunal de Cuentas Europeo, TCE afirmó que “la electromovilidad requiere una infraestructura de recarga suficiente, pero, para construir esta infraestructura, es necesaria una mayor certeza sobre los niveles de aceptación de estos vehículos”. Vehículos que, por su precio de adquisi- ción, están vetados para la mayoría de la población española. En este sentido, Ladislav Balko, integrante del Tribunal de Cuentas Europeo, TCE, afirmó que “la electromovilidad requiere una infraestructura de recarga suficiente, pero, para construir esta infraestructura, es necesaria una mayor certeza sobre los niveles de aceptación de estos vehículos”. Vehículos que, por su precio de adquisi- ción, están vetados para la mayoría de la población española. Asumimos las dificultades que conlleva darle la vuelta a la movilidad que ha im- perado en las últimas décadas, pero también solicitamos a las autoridades com- petentes que afinen sus propuestas legislativas. Y para ello sería deseable que se tuvieran en cuenta las recomendaciones y propuestas de los actores involucrados, en algunos casos en contra de los criterios de las empresas afectadas, para que así la necesaria descarbonización de la movilidad sea efectiva y eficiente, también desde el punto de vista operativo. Grandes cifras que deben convertirse en realidades