NUEVA LEY DE RESIDUOS 50 ¿Una ley a espaldas del sector? Mientras los grupos políticos discuten en el Senado sobre el canon estatal al vertido de residuos para salvar la aprobación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la industria española del reciclaje teme que sus solicitudes de enmiendas acaben en saco roto y, con ello, su petición de que no se discrimine la gestión privada en favor de la pública y se ponga en grave riesgo la transición hacia la economía circular. Justo en el momento en el que lee este artículo, el Gobierno ya debería haber publicado en el BOE la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Sin embargo, ésta se encuentra varada en el Senado a la espera de que, entre otra serie de enmiendas, se decida si se aplicará un canon estatal al vertido o, como defiende Cataluña, éste será finalmente autonómico. Por tanto, la normativa marco para la gestión de residuos en nuestro país, aquella que debía servir para mejorar ostensiblemente las tasas de reciclaje o para impulsar la transición hacia el modelo de economía circular, va a tener el dudoso honor de no dejar contento prácticamente a nadie y mucho menos a los encargados de transformar los residuos en recursos. En lo que concierne a la industria española del reciclaje, mucho nos tememos que las principales enmiendas presentadas por sus principales asociaciones (Anarevi, Angerea, FER, Gremi de Recuperació de Catalunya y Repacar) serán desestimadas en el texto final y, con ello, se producirán daños irreparables a la industria española del reciclaje y, con ello, a la capacidad de nuestro país de transitar con éxito a la economía circular. Ya en el plazo de participación pública, detectamos en el texto una peligrosa deriva para favorecer la gestión pública de los residuos, colocando diversas trabas a la empresa privada y, en la misma dirección que Europa, una línea de actuación dirigida a restringir las exportaciones de residuos. Todo ello, motivó una serie de alegaciones para evitar un perjuicio severo a la actividad de las empresas recuperadoras y a su viabilidad. Para entender lo doloso de no haber atendido a las peticiones del sector, Alicia García-Franco, directora general de FER, vicepresidenta de EuRIC (European Recycling Industries Confederation) y miembro del Comité Ejecutivo de Confemetal y UNE
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