EP22 - Enviropres

REPACAR 44 gonistas, los que quedamos sepultados bajo el peso de los millones de pala- bras publicadas por el BOE cada año. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o incluso la Comisión Europea ya han alertado del problema de la hiperregu- lación en España asegurando que los “diferentes y complejos marcos regula- torios a nivel nacional, regional y local tienen un impacto negativo”. Nacional, regional y local. Repetimos estas tres palabras porque aquí se encuentra una de las principales cau- sas de la hiperregulación: la disparidad de criterios y normativas entre comu- nidades autónomas. LA FRAGMENTACIÓN DEL MERCADO NOS IMPIDE APROVECHAR LA ECONOMÍA DE ESCALA Para entender el problema, en pri- mer lugar, hay que destacar que la Constitución española contempla las comunidades autónomas como entidades territoriales dotadas de auto- nomía que cuentan con instituciones y representantes propios, así como con determinadas competencias ejecutivas, legislativas y administrativas transfe- ridas. Y si ya esto de por sí supone un problema - cada comunidadpuede apli- car sus propias reglas -, dentro de estas transferencias algunas cuentan conmás competencias que otras. ¿El resultado? Unmarco normativo desigual con ven- tajas para unos y desventajas para otros. Para hacer frente a esta situación, el BOE publicaba la Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). Su objetivo era hacer cumplir el principio de Mercado Único en todo el territorio nacional eliminando trabas burocráticas y administrativas para que las empresas españolas pudie- ran realizar sus operaciones con las diferentes CC.AA . sin la necesidad de cumplir una normativa diferente en función de cada una de ellas. Su aplicación abarca a toda la actividad económica y a la libre circulación de bienes en todo nuestro territorio. ¿QUÉ SUCEDE CON LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO? Esta ley prometía poner punto final a todas estas trabas, pero lo cierto es que ha sido ineficaz. El mercado espa- ñol continúa fragmentado y, hasta el momento, los esfuerzos por solucionar esta situación han sido insuficientes. Lo cierto es que el principio de unidad de mercado se encuentra recogido en nuestra Constitución y hasta la fecha se han puesto en marcha sin suerte diferentes medidas para hacer que se aplique. Las razones para que no consiga aplicarse son variadas y entre ellas destacamos una: requisitos discriminatorios y excesivos para los operadores (de nuevo entra en juego la burocracia). La realidad a día de hoy es que esta fragmentación, entre otras cosas, dificulta la competencia efectiva, desincentiva la inversión, limita el crecimiento de nuestras empresas e impide aprovechar las economías de escala. La transformación digital está lle- gando a nuestras empresas y cada vez son más las que incorporan pro- cesos ágiles en su gestión, un camino difícil en el que tratamos de ayudarles desde Repacar con aplicaciones como Valora, sesiones formativas… Ahora necesitamos que esos esfuerzos reali- zados por nuestro tejido empresarial, e incluso por los propios ciudadanos cuando se ven abocados a lidiar con un mar de gestiones, también sean aplicados por la Administración. 