Hasta no hace mucho teníamos un Gobierno que hacía gala de poner coto a la minería, sacando pecho de la entrada en vigor, el 22 de mayo de 2021, de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que limitaba la explotación de recursos energéticos y minerales en suelo patrio. La corriente de opinión dominante en todas las administraciones era precisamente esa. Bajo el estandarte del ecologismo se lanzaban soflamas contra toda actividad extractiva o, cuando menos, se callaba ante la necesidad de mantener esta industria viva. Hasta hace bien poco no parecían haber cambiado estos vientos anti todo. Pero algo ha ido cambiando. Y es normal. Primero la escasez de materias primas y la falta de estas en todos los mercados, dañando con ello industrias terceras vitales para nuestra economía (automoción, construcción, tecnología…), ha ido poniendo sobre la palestra mediática la idoneidad de revisar las políticas nacionales sobre la industria extractiva. Igual aquello que decían los profesionales, especialmente el colegio profesional de geólogos, de que “no era prudente” tanta limitación sin razón científica que lo amparase, se va haciendo realidad. Después se sumó la escalada brutal de los precios energéticos. La dependencia energética exterior con unos precios desorbitados ha hecho mella en los aguerridos espíritus anti minería, inclinando la soberbia de nuestros políticos hacia posiciones más moderadas en cuanto a la posibilidad de buscar alternativas que ayuden a paliar la situación se refiere. Pero el factor que parece determinante para doblegar la voluntad de los políticos, sin despeinarse dicho sea de paso (donde ayer dije digo, digo Diego), parece haber sido la invasión rusa de Ucrania. Una guerra, que como todas las guerras, solo puede traer calamidades. Y esta incide en el terreno de la energía y las materias primas. Casualidad o no, se vuelve a echar más leña al fuego. Más argumentos para el debate nacional sobre la idoneidad de buscar alternativas para la industria extractiva. Y llegados a estos días, donde la industria minera ha mostrado músculo en el MMH, podemos apreciar (no sin cierto asombro y también regocijo profesional), un nítido cambio de posturas en las administraciones. Parece que los vientos ahora soplan en otra dirección, y el anti todo se diluye para dejar paso a alternativas más razonables. De esta manera, por parte del Gobierno pudimos escuchar a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, abogando por acelerar la transición energética de la mano de materias primas minerales autóctonas. No es que ahora se haya convertido en una radical pro minería, pero el matiz de “autóctonas” no es baladí. Implica una apuesta por el sector extractivo nacional que contradice el propio espíritu de la Ley 7/2021, de 20 de mayo. Y las razones son bien claras, evitar riesgos y los “conflictos geopolíticos y chantajes”. Pero no es la única. El presidente andaluz, Juanma Moreno se mostró más decidido aún que la secretaria de estado y se vino arriba en el escenario del MMH sevillano afirmando que su intención es aumentar un 20% la producción de la minería metálica, adelantando “que esta legislatura va a ser la de la autorización de los grandes proyectos de minería”. Ahí es nada. Ya sabemos que las promesas políticas hay que cogerlas con pinzas, pero las ideas sobre el sector extractivo parecen estar cambiando. Las necesidades obligan y con el impulso de las empresas por los proyectos sostenibles y la apuesta por la economía circular, podemos hacerlas virtud, situándonos en la antesala de una nueva era para la minería española. ● De la necesidad se hace virtud 4 y explotaciones EDITORIAL
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