24 y explotaciones SECTOR y exenciones, como es el caso de Francia o Alemania. “El coste eléctrico supone un 54% de nuestros costes variables de producción, pensamos que España necesita un diseño estructural de un nuevo plan. Hemos presentado una propuesta para que esto no afecte de esta manera”, ha dicho el presidente de Oficemen. “Desde el inicio de la escalada del precio eléctrico nuestros costes totales de producción se han incrementado en un 25%”, ha afirmado Cascajero, que ha continuado explicando que “el precio final para la industria electrointensiva española es 109 € más caro que en Francia y 41 € más caro que en Alemania, y así es muy difícil competir”. En esta línea han seguido sus reivindicaciones: “Necesitamos un cambio estructural del mercado eléctrico español. Urge ‘secuestrar’ del mercado diario más energía y ponerla a disposición de los consumidores industriales y los comercializadores a través de subastas, de forma que se obtengan precios razonables y, sobre todo, predecibles”, ha señalado Cascajero. La pérdida de competitividad también tiene una relación en el incremento significativo en el crecimiento de las importaciones que han crecido un 27,4%, hasta alcanzar 1.141.453 toneladas. El dato más significativo es el exponencial aumento de las importaciones de clínker que alcanzan las 511.000 toneladas, lo que supone un incremento del 107,3% respecto a 2020. Según han comentado durante la rueda de prensa, este crecimiento en las importaciones de los países extracomunitarios no sujetos a compromisos de reducción de emisiones hacen cada vez más necesaria la implementación de un sistema de ajuste de frontera. Por ejemplo, el 99 % de las importaciones de clínker, provienen de Turquía, Egipto y Argelia, países que no cuentan con un coste asociado al carbono y no están sujetos a compromisos de reducción de emisiones. Según Oficemen, este dato se puede extrapolar al ámbito de la UE, donde las importaciones procedentes de países extracomunitarios han crecido un 160% en los últimos cinco años (2016-2020). “Establecer unas condiciones equitativas entre los proveedores de cemento de dentro y fuera de la UE es vital”, añade José Manuel Cascajero. “A pesar de la asignación gratuita en virtud del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, con los actuales precios del carbono, los costes de CO2 representan entre el 8 y el 10% de los costes totales de producción”, ha afirmado. “Consideramos necesaria la incorporación de la totalidad de los costes indirectos en el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM). Se trata de un aspecto fundamental que puede tener un impacto diferencial sobre la competitividad de la industria europea frente a los importadores de fuera de la UE”, ha destacado el presidente de Oficemen. Fuente: Oficemen (Eurostat y Cembureau)
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