TRIBUNA DE OPINIÓN La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha tenido un impacto brutal en el mundo a nivel personal, social y económico. Pero también ha supuesto un impulso importante para lo que se ha venido a llamar la «cuarta revolución industrial» (Klaus Schwab) que más de dos siglos después de la primera toma el testigo con aún más pujanza, obligando al mundo a adaptarse a un entorno en el que lo digital está llamado a predominar. El teletrabajo, la educación en línea, las vídeo-llamadas, el comercio electrónico, la automatización, la robótica, las redes sociales o el almacenamiento en la nube son herramientas que han facilitado y mejorado significativamente los procesos relacionales, comunicativos, comerciales, financieros o laborales y que ya forman parte de lo cotidiano. Victor Rodrigo Raya, director adjunto de Sistemas de Información y Kit Digital en Red.es. David Francisco Blanco, secretario general de Red.es La envergaduradel desafíoque representan la recuperación y la transformación digital unidas a laexigencia temporal para su desarrollo demandan el concurso del sector público y privado, y plantean la necesidadde adoptar enfoques novedosos quemejoren la agilidad en la puesta enmarcha y ejecución de los proyectos, manteniendo a la vez las garantías y controles que reclama el marco europeo. Frente a estos retos, la Administración está llamada a desempeñar un papel protagonista y tractor esencial debido a sus funciones provisoria, redistributiva, regulatoria y supervisora. Un objetivo tan ambicioso requiere profundos cambios relacionales, normativos, organizativos, culturales, procedimentales y logísticos en la Administración, tanto a nivel interno como externo, en un marco jurídico seguro que sea a la vez sólido y flexible a fin de permitir una adaptación dinámica a la continua evolución tecEl reto de la digitalización en el sector público nológica. Las bases se han construido a través de las sucesivas normas legales y reglamentarias reguladoras del procedimiento administrativo incorporando progresivamente aspectos como la tramitación electrónica o la actuación administrativa automatizada y añadiendo a los principios clásicos de actuación (servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad, proximidad, objetividad, transparencia, racionalización o agilidad) los de neutralidad tecnológica, adaptabilidad al progreso, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad, personalización y proactividad. La incesante evolución tecnológica obliga a los operadores públicos a seguir avanzando en las mejoras regulatorias de los procedimientos administrativos para conjugar posibilidad técnica y regulación en un camino marcado a escala europea por la Estrategia de Lisboa y el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE. 6
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