«El mercado de la rehabilitación -comentan en el Gedac- ha experimentado un importante crecimiento, y lo que antes era un mercado poco más que alternativo ha derivado ahora en un mercado muy competido y sujeto por tanto a las agresivas ofertas características de este tipo de mercados». El incremento en el número de operadores es índice de esta ampliación del perímetro del mercado. Se detecta la implantación en España de fabricantes extranjeros de soluciones de accesibilidad, y en general se aprecia un mayor movimiento. Como recuerda un proveedor de las Islas Canarias, «en el ámbito de las plataformas salvaescaleras y aparatos elevadores ha aumentado considerablemente la oferta. Ahora, además de las empresas de siempre, hay que contar con las nacidas bajo el paraguas de la crisis, las abiertas por autónomos y/o trabajadores que trabajaban para las multinacionales, así como con las propias multinacionales, que si antes consideraban este sector un nicho residual, ahora, con la crisis de la construcción, lo ven como un sector para su crecimiento». AGRESIVIDAD COMERCIAL La aplicación de la nueva normativa llega pues a un mercado especialmente competido y de alta agresividad comercial. Como explica el gerente de una empresa del sector, «es más fácil ser agresivo en el tema de las plataformas salvaescaleras y en los elevadores unifamiliares que en los ascensores, pues en este último caso las obras son mucho más complejas, conllevan mucha logística, ingeniería, y por consiguiente es más complicado rebajar precios». De acuerdo con la experiencia de numerosas empresas, se llegan a bajadas temerarias para llevarse la firma «incluso en el mismo instante de la reunión de vecinos». En cualquier caso, el problema no son tanto los descuentos como las consecuencias para los usuarios. «En estos tiempos -argumenta Albert Vila-, esta agresividad es el pan de cada día. Cada empresa tiene su filosofía. El reproche en todo caso viene cuando esa rebaja o reducción de precio va en detrimento de la calidad de la instalación o del servicio prestado al cliente». ECONOMÍAS DOMÉSTICAS El cumplimiento de la nueva normativa llega en un momento particularmente difícil, porque es especialmente crítico parea muchas economías domésticas y vecinales. A todas las particularidades y exigencias que conlleva esta disposición a la «accesibilidad universal» se añade quizás la más determinante, la que depende de la capacidad económica de sus usuarios o, mejor dicho, de sus contribuyentes. Algunas empresas consideran que las comunidades de vecinos están preparadas para afrontar los gastos que suponen las nuevas instalaciones. «Obviamente, hay situaciones de todo tipo -argumenta una firma-, pero normalmente no hablamos de grandes inversiones y las empresas, mediante entidades bancarias o propias, disponen de diferentes herramientas para facilitar los pagos». Pero otro grupo de empresas no lo ve tan claro. «Preparadas, decididas y que entienden la necesidad, sí. Pero muy pocas preparadas y decididas a NORMATIVA gastarse el dinero que valen estas instalaciones. En muchas ocasiones porque no lo tienen», comenta el responsable comercial de una compañía suministradora. Algunas fuentes son especialmente taxativas: «Muchas de las comunidades de propietarios no están preparadas, si tenemos en cuenta que mensualmente te devuelven un 20% de los recibos por falta de fondos». Las líneas de crédito y financiación es algo con lo que cuenta el sector para llevar adelante las obras de adecuación de los edificios. Las empresas están dispuestas a poner su grano de arena. «Las comunidades de vecinos – explican en FEEDA- han hecho y continúan haciendo grandes esfuerzos para instalar un ascensor en su edificio. A la hora de abordar semejante inversión, existen dos herramientas que facilitan la decisión: la posibilidad que ofrecen algunas empresas de financiar los trabajos y la existencia de subvenciones de alcance y valor diferente en cada comunidad autónoma». LÍNEAS DE CRÉDITO Con todo, hay quien ni siquiera lo ve claro con estas líneas de crédito. «A día de hoy –asegura una firma instaladora- si no hay financiación para estas obras, no hay nada que hacer. Incluso con financiación, habrá algunas comunidades que no las podrán afrontar. Si no hay una implicación completa de las instituciones y los organismos oficiales, creo que va a ser imposible cumplir plazos, ni siquiera llegar a un mínimo porcentaje». En esta línea abunda el Gremio de Catalunya: «La economía general de las comunidades de propietarios y titulares de instalaciones no está para grandes gastos ni inversiones, por lo que es es difícil concebir que a corto plazo el grado de aplicación de esta Ley experimente un crecimiento. Diferente sería si fuera posible contar con ayudas y subvenciones, claramente insuficientes en la actualidad, que sirvieran para dar un salto cuantitativo importante, como por ejemplo, un «Plan Renove» para ascensores, en el que los titulares tuvieran acceso a créditos con vencimientos largos y bajos intereses». Por todo ello, en el sector no se atreven a pronosticar el grado de cumplimiento de la nueva normativa ni hasta qué punto le beneficiará. «Mientras no se defina concretamente el llamado «estudio integral», se precisen los «ajustes razonables» y se regulen las necesarias subvenciones que incentiven las adecuaciones correspondientes, el actual Real Decreto Legislativo 1/2013 no permite, a nuestro juicio, efectuar una valoración correcta de su repercusión económica para el sector», explican en Fepyma. Y como norma general, FEEDA apunta a la necesaria agilización y simplificación de los trámites necesarios para acceder a las ayudas, «ya que es bastante complicado conseguir este tipo de subvenciones», siendo «deseable asimismo que las comunidades autónomas alcanzaran más acuerdos con la administración general del Estado para armonizar la normativa de subvenciones relacionadas con los elevadores». IGV «ACCESIBILIDAD UNIVERSAL» 47 - Ascensores y Montacargas
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