AU20 - Automoción

44 VEHÍCULO ELÉCTRICO ampliado el tope de la cuantía que una empresa de transporte puede recibir del Gobierno, conocida como 'de minimis', hasta los 300.000 euros. Pero además de todas estas ayudas disponibles están surgiendo iniciativas que buscan democratizar el acceso al vehículo eléctrico a personas y colectivos con menor poder adquisitivo, como el leasing social que se aplica en Francia. O las que ofrecen empresas para favorecer el cambio al vehículo eléctrico. Un ejemplo es Nacex, que cuenta con un programa de ayudas económicas dirigido a facilitar a su red de franquiciados la adquisición de vehículos más sostenibles. En cualquier caso, la competencia entre fabricantes, la caída de los precios de las baterías y la llegada de coches eléctricos procedentes de China está haciendo más asequible este tipo de vehículos, aunque el posible establecimiento de aranceles en Europa a los vehículos chinos y la eliminación gradual de los incentivos de compra en algunos países puede afectar esta tendencia. SEGUNDA TRABA: LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA La infraestructura de recarga pública en España es suficiente para atender al parque de turismos eléctricos que circulan en las carreteras nacionales en este momento, pues únicamente se utiliza un 6,31% de su capacidad. Pero destaca la carencia de electrolineras en las zonas rurales y la baja potencia disponible para recargar vehículos pesados, lo que representa un desafío. En 2023 se instalaron casi uno de cada tres puntos de carga pública operativos en España; datos que se traducen en una proporción de 15 vehículos eléctricos por cada cargador público (el año anterior eran 20). Las Comunidades Autónomas con más vehículos por cada punto son Madrid, Catalunya y Canarias. En contraposición, Euskadi, Navarra, Aragón, La Rioja y Asturias mantienen el mejor porcentaje. La potencia disponible también ha mejorado y alcanza los 1,4 kW por vehículo (en 2023), por encima de la media europea (1,2 kW), pero todavía muy alejada de las ratios de China (8 vehículos eléctricos por cargador público y 3,46 kW potencia). Aun con estos avances, España se encuentra todavía lejos de cumplir los compromisos fijados para 2030 (340.000 puntos de recarga públicos). El 96% de la infraestructura de recarga pública en España está gestionado por solo 10 de las 80 compañías operadoras. Iberdrola es líder con la gestión de uno de cada tres puntos de recarga públicos y el liderazgo en 37 provincias españolas. La mayoría de los operadores coincide en las dificultades a la hora de poner en funcionamiento una electrolinera: desde el momento en que se solicita el punto de entronque a la distribuidora hasta la puesta en marcha pasan entre 24 y 36 meses, tres o cuatro veces más que en Francia, Bélgica, Italia, Suiza o Austria. Y el plazo máximo para realizar la conexión a la red está superando en algunos casos los tres años. Al cierre del primer semestre de este año hay en España algo más de 34.000 puntos de recarga públicos operativos, los cuales tienen la obligación de facilitar información transparente y actualizada sobre sus precios, instalaciones, horarios y características, requisito establecido a nivel europeo. Sin embargo, solo lo hacen 20.000 de ellos, por tanto falta información del 40,9%, en gran parte por estar exentos a nivel nacional los de recarga menor de 22 kW. El informe de OBS afirma que “debería ampliarse a toda la red pública para poder planificar el despliegue de esta infraestructura de una manera eficiente y proporcionar información fiable, consolidada y precisa a los clientes que adquieren un vehículo electrificado. Además, los usuarios deben poder pagar fácilmente con tarjetas de pago o dispositivos sin contacto, sin necesidad de suscripción, y los precios deben ser totalmente transparentes”. Por otro lado, la falta de interoperabilidad en el cien por cien de la infraestructura de recarga pública instalada en nuestro país está propiciando que el precio de recarga sea más caro que en otros países europeos, a pesar de tener España un coste energético menor. En Europa y EE. UU. los vehículos eléctricos siguen teniendo un precio de venta entre un 10 y un 50% más caros.

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