42 desastres naturales relevantes dado el edificio y su ubicación. • Adquisición y propiedad de edificios: Comprar bienes inmuebles y ejercer la propiedad de los mismos también puede tener consideración de actividad ambientalmente positiva si el edificio tiene un certificado de eficiencia energética de A cuando se haya construido antes de 2021. Para aquellos edificios más nuevos, construidos desde enero de 2021, la norma define exige que las construcciones cumplan los criterios definidos para ‘construcciones de nuevos edificios’ anteriormente explicados. • Equipos facilitadores: La normativa también considera como una actividad positiva en términos medioambientales la instalación, mantenimiento y reparación de equipos de eficiencia energética, puntos de carga para vehículos eléctricos en edificios y plazas de aparcamiento anexas a edificios, instrumentos y dispositivos para medir, regular y controlar el rendimiento energético de edificios, tecnologías de energías renovables. Para todas ellas, ha definido criterios específicos que determinen que el proyecto es sustancialmente positivo en lo que respecta a la mitigación y/o adaptación al cambio climático. Los requisitos son exigentes y muchos de los proyectos de edificación y reforma no cumplirán fácilmente con lo que se establece en dicha regulación, pero las pautas al respecto están claras. Inversores, entidades financieras, promotores, empresas de instalaciones y reformas, proveedores de bienes relacionados con estos ámbitos, propietarios y usuarios tienen claro cuándo su actividad puede generar una contribución sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo. La taxonomía de la UE ofrece esa pauta que servirá de guía para todos. La unificación de criterios facilitará que la promoción y la demanda se encamine a este fin, teniendo en cuenta además que existen diversos estudios técnicos y académicos, incluso de entidades de supervisión financiera, que muestran que la correlación es negativa entre calidad energética del edificio y probabilidad de impago, con el consiguiente beneficio financiero para inversores y entidades prestatarias. Las causas pueden ser diversas, desde unos menores costes operativos en esos inmuebles por menores costes energéticos, una mayor demanda de compra por su mayor potencial de mercado y revalorización, una mejor calidad de vida por el uso de materiales de mejor condición y salubridad y, por supuesto, un mayor favor institucional sea mediante el pago de menores impuestos o la disponibilidad de incentivos públicos derivados de la importancia de este sector para la lucha contra el cambio climático, la generación de empleo y actividad económica. Por ello, las perspectivas de futuro a la hora de implantar esta taxonomía europea como un estándar de proyectos en nuestro entorno parecen claros, por los beneficios que trae sobre todos los agentes intervinientes. Es verdad que la normativa exige también que, aquellos proyectos de construcción y promoción inmobiliaria que sean categorizados como sostenibles, deben cumplir unas mínimas salvaguardas sociales en su desarrollo y evitar un daño significativo en otros aspectos ambientales como el uso y no contaminación de agua, la generación de residuos, la prevención de la contaminación o el mantenimiento de los recursos naturales. n El sector de la edificación es uno de los factores determinantes para cumplir los objetivos de sostenibilidad y reducir la huella de carbono.
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