41 Por su parte, las CEL también deberían dar pasos para contar con ayudas públicas, abordando su papel como actor energético desde una perspectiva que mida tres variables de su actuación: impacto social, impacto económico e impacto medioambiental, para lo que deberían incluir los aspectos de eficiencia energética, circularidad y accesibilidad dentro de sus programas de actuación. Es importante tener claro que la iniciativa va más allá de instalar placas solares y ampliar el uso de baterías. Hablamos de contribuir efectivamente a los objetivos de descarbonización y transformación energética de nuestra economía y dar pasos también hacia la erradicación de la pobreza energética que, según un estudio reciente estudio elaborado por el Eurostat, en 2019 afectaba al 7,5% de la población (3,52 millones de españoles). Una cifra que va a incrementarse en el periodo 2020-2021 a causa de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia por Covid-19. CERTIFICADOS DE AHORRO ENERGÉTICO, UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL En el marco global descrito en este artículo, y tras la trasposición de varias Directivas, las empresas comercializadoras de gas y electricidad (además de las operadoras de productos petrolíferos al por mayor y las de gases licuados de petróleo al por mayor) están obligadas a cubrir unas determinadas cuotas anuales de ahorro energético, que se materializan en aportaciones financieras al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Como alternativa a estas aportaciones dinerarias (parte de las cuales se están repercutiendo actualmente en la factura eléctrica de ciudadanos y empresas), la normativa española contempla la posibilidad de acreditación de Certificados de Ahorro Energético (CAE) negociables, opción que aún no ha sido desarrollada reglamentariamente y en el marco de la cual el MITECO abrió una consulta pública y está trabajando en un Real Decreto que esperemos vea la luz en el primer trimestre del 2022 . El objetivo que se persigue es la habilitación de un sistema de medición y cuantificación de los ahorros obtenidos en proyectos de eficiencia energética que permita emitir estos CAE, transmisibles a, entre otras -matiz importante-, las compañías obligadas al cumplimiento de esas cuotas de ahorro. Con esta medida, estas empresas podrían aportar los CAE como especie y se beneficiarían de un sistema complementario que proporcione mayor flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones, en favor de una sustitución de parte de las obligaciones económicas a que están sujetas; mayor seguridad jurídica, certeza y transparencia del sistema de obligaciones; mayor participación en el sector de la eficiencia energética mediante la elección de actuaciones específicas y de creación de empleo -tanto en los sectores relacionados con la construcción como en el de las empresas de servicios energéticos-; y algo fundamental: podrían canalizar financiación privada que ayude a aliviar la pobreza energética; porque con los presupuestos públicos no es suficiente y los proyectos de eficiencia en vivienda social y colectivos en situación o riesgo de pobreza energética difícilmente pueden acceder a la financiación privada. Los CAE podrían abrir la puerta a un sistema de apoyo adicional y novedoso a la financiación de estos colectivos, entre otras cosas, dándole un peso ponderado mayor de equivalencia a los CAES en este sector que tuvieran un mayor valor económico frente al resto. En este sentido, también el Fondo Nacional de Eficiencia, a través de contratos de compra de energía a largo plazo (PPA en sus siglas en inglés) y precio fijo, indiciado o con un escalado, podría adquirir los certificados “cosechados” de las inversiones en eficiencia (destino finalista de fondos públicos) que en esos edificios pudieran acometer inversores privados e institucionales, de modo que transferirían el riesgo del propietario o de la comunidad de propietarios al propio Estado español, lo que sin duda atraería capital en las ingentes cantidades necesarias. Asimismo, sería interesante abrir la posibilidad de crear un mercado secundario organizado o voluntario (similar al que existe para las renovables a través de los Certificados de Energía Renovable) que pudiera servir como palanca de financiación o refinanciación de proyectos de renovación energética en edificios, tal y como ya existe en varios países de nuestro entorno europeo. Es, sin duda, una de las más viejas aspiraciones del sector, que nos situaría en un plano de igualdad con otros 14 países europeos que ya cuentan con este instrumento que incentiva una necesaria y decidida participación de los sujetos obligados en la promoción de proyectos de eficiencia energética y que contribuye a la digitalización y democratización de nuestro actual sistema. Sigamos pujando por la implantación definitiva de soluciones eficaces y por modelos de gestión profesional público-privada que garanticen flujos de capital a este mercado, promuevan la generación de demanda, la profesionalización del sector y la financiación a largo plazo. Apostemos por vías innovadoras, por una financiación que siga esquemas que faciliten a los propietarios, y especialmente a quienes se encuentran en mayor situación de necesidad, el acceso a la rehabilitación integral para la disminución de la demanda energética de inmuebles. Demos nuevos pasos y sigamos en marcha. n
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