Es evidente que la falta de inversión atenta contra la sociedad al privarla de nuevas infraestructuras y de la debida conservación de las que existen y, como no, en primera persona contra el sector del agua, que está perdiendo buenos profesionales y muchos empleos; sin olvidar el riesgo que corre el propio ciclo integral del agua urbana, en el que las cosas funcionan gracias al esfuerzo de los operadores. La nueva ley de Presupuestos Generales del Estado nos desve- lará si se opta por la inversión o la atonía, teniendo en cuenta que en el campo de las infraestructuras el presupuesto vale de poco al no ser vinculante, excepto para los compro- misos políticos. Al sector del agua lo atenazan los avatares presupuestarios, que en los últimos tiempos sacrifican las inversiones en aras del déficit pre- supuestario, olvidando que son el cimiento que soporta el progreso por ser la fuente de riqueza que nutre al stock de capital público imprescindible para el adecuado desarrollo de España. Esta es la situación real que de alguna manera hay que revertir para evitar el empobrecimiento del país. Como ejemplo sirva decir que para man- tener el desarrollo de la industria turística es necesaria una buena red de comunicaciones, un excelente ciclo urbano del agua y un patrimo- nio cultural bien conservado, todo lo cual demanda inversión si se quiere conservar y aumentar el flujo de visi- tantes, que en este año se espera que alcance los 100 millones de personas. Se impone el cambio, que se puede conseguir mediante la colaboración público-privada, ya que de lo contra- rio la pescadilla se seguirá mordiendo la cola, y también aumentando los impuestos; claro que de esta manera se asfixia el tejido productivo y cada vez habrá menos dinero. No es cuestión de discurrir por las distintas fórmulas de colaboración público-privada, inventadas y por inventar, ya que nuestro objetivo es reivindicar este modelo, que tiene su fundamento en la necesidad de recursos monetarios por parte del órgano de contratación para aco- meter las inversiones, que puede conseguir del sector privado, devol- viéndole el importe invertido y los intereses en un espacio de varios años. El modelo más utilizado y conocido es el de las concesiones. El dinero necesario para acometer las inversiones públicas figura en los presupuestos de las distintas admi- nistraciones públicas, pero cada vez tiene menos espacio en ellos al aumentar año a año el gasto social. Por eso es fundamental desarrollar fórmulas que permitan, con total seguridad jurídica, allegar a la inver- sión los recursos que necesita, tanto para fomentar la I+D+i como para acometer y actualizar las infraestruc- turas. Todo con el fin de aumentar la productividad y que los productos sean muy competitivos y para incre- mentar y conservar en estado óptimo el stock de capital público. 27 Opinión