A188 - Equipos y tecnología para la agricultura
14 POLÍTICA AGRARIA EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA LA REFORMA DE LA PAC La Eurocámara ha ratificado en Estrasburgo el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la Unión Europea (UE) sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC). Una PAC que dará prioridad a las medidas medioambientales dentro de las ayudas y que vinculará las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales; además, otorga a los Gobiernos más margen en la aplicación de esta política. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado —con casi el 70% de los votos a favor de los tres reglamen- tos—, la reforma de la PAC para el periodo 2023-2027 y ha puesto fin, con esta votación, a tres años y medio de negociaciones en el seno de la UE. La normativa ha sido calificada durante su debate como la reforma de la PAC más ambiciosa en los últimos 30 años. No en vano, afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios espa- ñoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros para el campo comunitario, 47.724 millo- nes para España, que será el tercer receptor de fondos agrícolas detrás de Francia y Alemania. La culminación de la reforma llega en un momento especial, después de tres años de discusiones (desde 2018) y una pandemia, y en medio de una emergente crisis global por el coste de las materias primas, sumada a la emergencia climática. Además, el voto de los europarlamentarios se produce con el anuncio reciente, en España, de movilizaciones de las orga- nizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA), ante los problemas del campo, precisamente por el encarecimiento de la electricidad, piensos o gasóleo, y la falta de rentabilidad. EL PACTO VERDE EUROPEO Y SU INFLUENCIA EN LA NUEVA PAC La negociación de la reforma ha trans- currido en paralelo a las discusiones de la estrategia 'Farm to Fork' (De la granja a la mesa), enmarcada en el Pacto Verde europeo, proyecto estre- lla de la Comisión Europea (CE) para alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero que plantea un incremento de los requisitos para el agricultor y el ganadero. Entre los cambios, destaca España, con 47.724 millones, es el tercer receptor de fondos agrícolas detrás de Francia y Alemania
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