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Según esta organización, esta actualización afectará por igual a todo tipo de punto de venta pequeño, mediano o grande

La Alianza de Comercio y Hostelería alerta sobre los efectos de la actualización de rentas de alquiler en base al IPC

Redacción Interempresas07/02/2023

La Alianza de Comercio y Hostelería de España, formada por las entidades Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, Fece, Hostelería de España y Marcas de Restauración, ha hecho públicos los resultados de su Estudio sobre los efectos de la actualización de rentas de alquiler en base a IPC. Según estos resultados, la Alianza alerta de las consecuencias negativas sobre la viabilidad a corto, medio y largo plazo de muchos puntos de venta, tanto de comerciantes individuales como de grandes marcas.

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La Alianza Comercio y Hostelería de España representa a la mayoría del comercio y hostelería del país: agrupa más de 730.000 establecimientos conjuntamente y genera 4,9 millones de puestos de trabajo. Su peso en la economía española alcanza el 19,2%, siendo una de las actividades más relevantes de la estructura productiva, y constituye la parte más importante de la economía española en términos de empleo, (17,1% afiliados a la Seguridad Social).

La gran mayoría de sectores del comercio detallista y de hostelería (a excepción de la alimentación y de equipamiento del hogar) sufrieron una reducción de sus cifras de ventas en 2020, con variaciones entre sectores entre el -10% y el – 30%. El año 2021 se aventuraba como el de la recuperación del sector del comercio detallista, pero distó mucho de alcanzarse, especialmente en sectores como el equipamiento personal, moda-belleza, entre otros.

Las estadísticas oficiales (Índice de Comercio detallista, INE.es) a precios constantes (y sin alimentación) muestra que se consolida un acumulado de -10,3% en 2020, -5,3% en 2021 y -5,8% acumulado hasta noviembre de 2022.

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La coyuntura económica negativa, que empezó a gestarse en setiembre/octubre de 2021, y la continuación con la guerra en Ucrania, ha tenido consecuencias en el sector del comercio detallista, que el estudio resume en:

  • Incremento del IPC del +6,5% en diciembre de 2021, que se aplicó como incremento de rentas a los contratos de alquiler vigentes en aquel momento.
  • Incremento de los costes de compra y de los costes logísticos.
  • Incremento del coste de la energía (maquinaria, instalaciones, iluminación, …).
  • Incremento de costes de personal.
  • Incremento del IPC en 2022 con el máximo del +10,8% en julio de 2022 y con un + 5,7 %, ya publicado, para finalizar el año 2022.
  • Las últimas previsiones de Consensus Forecasts, correspondientes al mes de septiembre, proyectan un crecimiento en España del 4,3% para 2022 y del 1,6% en 2023. En cuanto a la inflación, se proyecta una tasa promedio del 8,4% en 2022 y 4,9% en 2023. o
  • Aspectos a los que añadir la irrupción del e-commerce, que está obligando a la práctica totalidad del sector a invertir recursos en esa línea de comercialización, que reduce las ventas en el canal físico y aumenta la presión del alquiler sobre ese canal de tienda física.
Como puede comprobarse en la estadística del INE sobre la evolución del IPC de las diferentes categorías de gasto (COICOP), los sectores de Alimentación, Vivienda-luz-gas-otros combustibles y Transportes son los que han aplicado mayores incrementos de precios, algunos ya desde abril de 2021.

El resto de los sectores, especialmente del comercio detallista como Vestido y Calzado, Ocio y Cultura, han mantenido una estabilidad de precios, al menos hasta el inicio de la guerra de Ucrania, aplicando porcentajes ‘prudentes’ a partir de abril 2022.

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Una aproximación genérica pero generalizable, para un debate de la base económica de la demanda que se plantea, es analizar la estructura de costes del sector de comercio detallista y las consecuencias de la aplicación del IPC en la explotación de 2022 y 2023 visualiza en el siguiente esquema de cuenta de explotación las consecuencias de la aplicación del IPC de 2022 de manera automática a los contratos de alquiler de locales comerciales (se han calculado igualmente incrementos de Gastos de Personal y Generales).
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El estudio también adjunta los esquemas de cuenta de explotación, ajustada a datos ciertos de cuentas anuales ejercicio 2020.
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En este punto, la Alianza declara: “Resulta evidente que el sector del comercio detallista no podrá soportar una nueva actualización al IPC (IPC de diciembre 2022: 5,7%) de las rentas de alquiler de sus locales comerciales y tendrá consecuencias muy negativas sobre la viabilidad a corto, medio y largo plazo de muchos puntos de venta, tanto de comerciantes individuales como de enseñas con un porfolio de puntos de venta pequeño, mediano o grande”.
La organización recuerda el “efecto acumulativo” de la actualización para el futuro, convirtiendo en “permanente” un nivel de renta de alquiler, aunque el IPC vuelva a porcentajes similares a los del periodo 2005-2021 y trasladando un “deterioro estructural” de la viabilidad del comercio detallista para el futuro próximo y lejano.

“La vitalidad de nuestras ciudades, del sector comercial en general y del empleo y PIB que significa el sector del comercio y la hostelería en España se verán seriamente amenazados con un nuevo incremento de las rentas de alquiler, que parece beneficiar exclusivamente al arrendador (por una coyuntura excepcional sobrevenida) en perjuicio del equilibrio de la actividad económica del inquilino-arrendatario-comerciante”.

Aseguran que desde cualquier perspectiva (económica, empresarial, política, social, urbana, …), el ‘equilibrio‘en el desarrollo de las funciones de cada actor del proceso económico de creación-generación de valor para todos los ‘stakeholders’ (inversores, propietarios, inquilinos, Administraciones Públicas, sociedad civil, …) la aplicación automática del IPC de 2022 al ya aplicado de 2021, “supone una quiebra del equilibrio (entre el esfuerzo (renta) y la recompensa (ventas/beneficio) que supone el alquiler de un local comercial, necesario para la viabilidad de cada punto de venta y del sector en su conjunto”.

Desde abril de 2022, la Alianza de Comercio y Hostelería de España viene llamando la atención y reclamando la acción del Gobierno para adelantarse a la grave situación a la que se enfrenta el sector del comercio minorista, de servicios y hostelería, si no se toman medidas legislativas sobre la “modulación” de la aplicación el IPC a la actualización de las rentas, de los contratos de locales comerciales.

Por todo ello, la Alianza de Comercio y Hostelería de España, reclama que se fije un tope del 2% a la actualización de las rentas de alquiler de locales comerciales, de los contratos que tengan prevista su actualización desde 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, aplicando ventajas fiscales para los arrendadores, en la misma proporción que haya supuesto la diferencia de aplicación del IPC publicado al 2% solicitado.

Otros datos para una visión global de la situación

Medidas en otros países

Las medidas tomadas en Francia y Portugal, aplicando un tope a aplicar a la renovación de los contratos de locales comerciales.

Portugal limita el coeficiente de actualización de rentas para 2023 al 2% y aplica ventajas fiscales a los arrendadores.

Lei n.º 19/2022, de 21/10 (portaldasfinancas.gov.pt)

Francia: límite del 3,5% desde 3er trimestre 2022 hasta el segundo semestre de 2023

Article 12 - LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La repercusión de los ‘gastos comunes’ pagados por el arrendatario

El incremento de los gastos, habitualmente llamados ‘gastos comunes’ de los locales alquilados por parte del comerciante (y especialmente en el caso de centros y parques comerciales) son soportados por los propios inquilinos, a quienes el arrendador los repercute al completo.

La revisión de la Ley de Arrendamientos Urbanos

Según la Alianza, la ‘ley universal del péndulo’ condujo a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos; que en su Preámbulo afirmaba:

“En este sentido, al mismo tiempo que se mantiene el carácter tuitivo de la regulación de los arrendamientos de vivienda, se opta en relación con los destinados a otros usos por una regulación basada de forma absoluta en el libre acuerdo de las partes”.

La evolución de la estructura de la propiedad inmobiliaria y nuevas normativas fiscales para las llamadas Socimis ha convertido el mercado español en ‘investor friendly’, olvidando en este punto a los comerciantes y la situación de “fragilidad” en la que se encuentran frente a los propietarios en la negociación de las condiciones de los contratos, como por ejemplo “renuncia a derechos que la propia Ley les reconoce, imposición de condiciones de garantías, avales, periodos de obligado cumplimiento, etc.; que han demostrado poner al arrendatario, de manera continuada, en el límite de la viabilidad del negocio.

En una reflexión estratégica para el sector en su conjunto, solicitan la adaptación de la normativa a la realidad del comercio actual y por tanto la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por no atender a las múltiples realidades de hoy, especialmente la regulación de los contratos de arrendamiento en los centros comerciales.

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