Entrevista a José María de la Fuente Bueno, presidente de Asefosam

A pesar de la actual situación de crisis que está travesando el sector de las instalaciones las empresas instaladoras están preparadas para afrontar los nuevos retos del siglo XXI. Para ello, una herramienta básica es la formación continua en todo tipo de innovaciones tecnológicas, fundamentalmente en lo que a eficiencia energética se refiere. Esta es una de las claves del futuro.

Desde el punto de vista técnico, el sector de las instalaciones de calefacción y de fontanería está en una evolución constante, mejorando e innovando a través de nuevos productos. En décadas pasadas uno de los valores fundamentales era la seguridad de las instalaciones, actualmente a esa premisa fundamental, se ha unido la eficiencia energética.

Desde el punto de vista del planteamiento de negocio, tras unas décadas de alto crecimiento de la actividad, ligada especialmente al desarrollo inmobiliario, afrontamos una nueva etapa en la que la menor actividad constructiva y la saturación del mercado de la nueva instalación en viviendas construidas, exige diversificar el negocio y afrontar nuevas líneas de actividad ligadas al mantenimiento de las instalaciones.

Pues de los datos que nos aportan las empresas asociadas a Asefosam, no prevemos una recuperación a corto plazo. Hoy mismo oía al gobernador del Banco de España alertando sobre una mayor duración de la ‘desaceleración económica’, lo que abunda en el comentario anterior.

Tanto las herramientas, como los materiales y los productos utilizados en las instalaciones de calefacción y fontanería han evolucionado muchísimo en los últimos años. Empezando por los nuevos sistemas de tubería —atrás quedaron materiales como el plomo en detrimento de otros materiales como acero o obre y, gran relevancia tienen hoy ya los materiales plásticos en sus diversas formas—, hasta los nuevos generadores de calor como las calderas de condensación para las calefacciones así como el suelo radiante, la energía solar térmica, o en fontanería los dispositivos de ahorro de agua. En definitiva se evoluciona hacia un modelo que facilite y abarate los costes de instalación, y logre instalaciones más seguras, sostenibles y eficientes.

Depende del producto, pero es cierto que muchas empresas instaladoras son fieles a una marca con independencia del precio final, ya que se valora mucho más la calidad del producto, la asistencia posventa, etc. No obstante, no debemos olvidar que, sobre todo en obra nueva, son las constructoras las que en muchas ocasiones imponen el material a instalar, lo que habitualmente supone tener que obligatoriamente recurrir al precio como condicionante de compra.

En nuestro sector, la cadena de distribución es clara: el fabricante del producto (radiadores, calderas, etc.) lo distribuye a almacenes profesionales y estos a su vez a las empresas instaladoras.

La Ley Ómnibus nos ha afectado muchísimo. Entendemos que tiene elementos positivos y negativos.

Desde el punto de vista positivo, podemos destacar la eliminación de trabas burocráticas para poder trabajar, la validez indefinida de las acreditaciones de las empresas e instaladores para poder ejercer su actividad, etc.

En cuanto a los elementos negativos, debemos destacar la desaparición del carné profesional de la mayor parte de las especialidades (salvo calefacción y fontanería), lo que priva al instalador de un elemento que le identifique frente a sus clientes, expedido por una entidad oficial, y el hecho de que las Administraciones no pongan en práctica actividades de control que eviten de manera efectiva que entidades o personas sin la debida cualificación o que no cumplan los requisitos exigidos por las normas, puedan ejercer la actividad.

No obstante lo anterior, las asociaciones sectoriales como por ejemplo Asefosam, trabajan para dar prestigio a los profesionales del sector y ayudar a las asociaciones de consumidores y usuarios a que se aconseje a estos de la conveniencia de asegurarse de la idoneidad de quien contrata para prestar un servicio en operaciones de gran importancia como son las instalaciones de gas, calefacción y/o fontanería, ya que los desperfectos que se pueden originar por una deficiencia en los trabajos inherentes a estas profesiones pueden ser importantes.

Por citar un ejemplo, en Asefosam estamos a punto de lanzar un servicio destinado a consumidores de la Comunidad de Madrid. Este servicio permitirá a cualquier usuario, llamar un teléfono 902 de Asefosam cuando se necesite los servicios de una empresa instaladora, y podrán elegir a las empresas más cercanas a su domicilio. Las empresas que forman parte de este servicio, han aceptado y se han comprometido con un Código de buenas Prácticas elaborado por Asefosam y están adheridas al Sistema de Arbitraje de Consumo. Solo destacar que este Proyecto se está llevando a cabo en colaboración con la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid y con Apiem (Asociación de Instaladores Eléctricos).

Un cambio fundamental sería la petición por parte de la Dirección General de Industria a cualquier empresa que quiera trabajar en la Comunidad de Madrid de toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos para ser empresas instaladoras. Nos genera inseguridad que cualquiera declarando que cumple con todo pueda empezar a trabajar inmediatamente.

Así mismo, estableceríamos una homogeneización en las distintas vías que dan acceso al ejercicio de la actividad como instalador en las distintas especialidades. No entendemos por qué en unos caos se mantiene el examen por parte de la Administración como vía de acceso y en otros no, por citar un ejemplo. Finalmente, propugnaríamos el mantenimiento del carné profesional, para garantizar la cualificación del instalador frente a sus clientes.

Como hemos citado anteriormente, este es un fallo que entendemos tiene la ley, no obstante nos consta que la Administración va a poner los medios necesarios para perseguir estas infracciones. Asimismo, queremos informar a todos los consumidores que antes de contratar un servicio se asegure de que la empresa está habilitada para ello. Para esto ponemos la asociación al servicio de la sociedad, ya que todas nuestras empresas asociadas (más de 2.000) están habilitadas.

Actualmente y debido a la crisis económica del país, esta situación se está agravando, ya que muchos consumidores, por ahorrarse un dinero, llegan a contratar los servicios de instalación con cualquier persona que actúa en la ilegalidad (cobrando en negro), sin tener en cuenta que están poniendo en riesgo su seguridad y la ausencia de garantía en caso de problemas.

Aunque se han conseguido grandes logros en el campo legal, con el cambio de la Ley de Morosidad, esta es una lacra que está afectando de manera directa a nuestras empresas. Estas suelen ser el eslabón último de la cadena, y si una constructora o promotora quiebra, los que seguro no cobran son las empresas instaladoras. Esto ha hecho cerrar a muchas empresas que no han podido soportar estos impagados.

Cumpliendo la ley, y pagando a 60 días como dice la ley, tanto grandes empresas como ayuntamientos. Asimismo los bancos deberían volver a dar créditos a las empresas.