Nace el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio
Doce entidades reclaman una revisión de la normativa de protección contra el fuego en edificios
Doce entidades del ámbito de la ingeniería, la seguridad y la edificación se han unido para reclamar al Gobierno una revisión de la actual normativa española en materia de protección contra el fuego en los edificios. Con este propósito, se ha constituido el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, plataforma que fue presentada el pasado 27 de junio en un acto celebrado en la Embajada de Dinamarca en el que también se dio a conocer su manifiesto fundacional.
De izquierda a derecha, Víctor Manuel Fernández, vicepresidente de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB); Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio; y José Antonio Galdón, presidente ejecutivo del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (Cogiti).
La seguridad contra incendios debe ser una prioridad en la edificación. Con esta máxima nace el Observatorio, cuyo objetivo es endurecer las exigencias a los productos y sistemas utilizados en fachadas, una de las vías más rápidas de transmisión de incendios en edificios. A nivel mundial, este tipo de incendios en grandes edificios se ha multiplicado por 7 en los últimos 30 años.
En su manifiesto fundacional, la plataforma solicita nuevas medidas en la normativa actual para limitar la propagación vertical y horizontal del fuego y exige la no combustibilidad en los componentes y sistemas utilizados en edificios considerados sensibles, bien por su alta ocupación, por su gran altura (a partir de 18 metros), por contar con dificultades de evacuación (hospitales, colegios, residencias de mayores) o por tener fachadas de difícil acceso a los equipos de intervención. En este sentido, el Observatorio calcula que en España el 15% del parque inmobiliario responde a edificaciones de especial sensibilidad.
En el caso de fachadas ventiladas, el documento propone disponer de barreras horizontales en cada nivel de cada forjado y barreras cortafuegos verticales en edificios de alto riesgo, entendidos estos los mencionados anteriormente por su altura, ocupación o dificultad de evacuación y acceso en caso de incendio.
Según explicó Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, “en el entorno europeo, España se encuentra a la cola en cuanto a exigencias regulatorias en la prevención de la propagación de incendios por fachadas”. Concretamente, Francia, Alemania, Reino Unido, países nórdicos, entre otros muchos, exigen el uso de materiales no combustibles en los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) de edificios de gran altura, tanto en obra nueva como en rehabilitación, y la mayoría reconoce en su normativa la existencia de edificios de alto riesgo, más allá de la altura.
En España, sin embargo, la normativa es menos exigente y el Código Técnico de la Edificación (CTE) permite materiales combustibles por encima de los 18 metros de altura en fachadas SATE o fachadas ventiladas y no están contemplados ni regulados los edificios de alto riesgo.
En cuanto a los edificios de altura media, los países antes mencionados siguen apostando por la seguridad: mientras Dinamarca, Reino Unido y Suecia solo aceptan materiales no combustibles, Francia, Chequia o Bélgica exigen un grado de combustibilidad menor así como barreras cortafuegos en los forjados. Para esta tipología de edificios, de menor riesgo, el Observatorio considera que la legislación española también es más laxa que la de otros países europeos y propone que se debería instalar en la capa de aislamiento una barrera cortafuego de al menos 60 centímetros con material no combustible en cada forjado de planta.
En paralelo, la Unión Europea ha impuesto medidas ambiciosas a los Estados Miembros para ahorrar energía mediante la rehabilitación y aislamiento de edificios y lograr un parque inmobiliario cero emisiones y descarbonizado en 2050. Esto conlleva frecuentemente el uso de aislamiento por el exterior, lo que en ocasiones provoca un efecto colateral al recurrir a materiales combustibles, de forma que, por la necesaria mejora de la eficiencia energética, en muchos casos se empeora la seguridad, tal y como recoge el manifiesto fundacional del Observatorio.
Por las razones planteadas, el Observatorio, con el respaldo de las doce entidades adheridas, plantea una revisión del CTE con el objetivo de incrementar la exigencia aplicada a los productos y sistemas que se permiten utilizar en fachadas en cuanto a su reacción al fuego en propagación por el exterior.
De momento son ya doce las entidades que reclaman contar con criterios más exigentes para mejorar la seguridad contra incendios de los edificios con el fin de evitar las fatales consecuencias de la propagación del fuego, como el reciente incendio de Campanar, y desde el Observatorio esperan que próximamente se unan muchas más.
En concreto, las entidades adheridas son: Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), el Consejo de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España (Cogiti), la Asociación de Fabricantes de Lanas Minerales Aislantes (Afelma), la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios (Tecnifuego), la Fundación Fuego, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt), la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), la Asociación de Empresas e Expertos de Seguridad de Galicia (Aesga), la Asociació Catala d'Empreses de Seguretat (Acaes), European Fire Sprinkler Network, la Unión de Asociaciones de Seguridad (Uas) y Fundación Inade.