El sector cárnico catalán se toma un respiro a pesar del encarecimiento de las tasas de inspección veterinaria
15 de febrero de 2012
Después de numerosas reuniones entre la Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC) y diversos grupos parlamentarios y consejerías de la Generalitat de Catalunya, se ha conseguido una modificación sustancial respecto a la propuesta inicial del gobierno autonómico. Una propuesta cuyo fin era encarecer las tasas de inspección veterinaria en más de un 260% sobre los valores que actualmente ya pagan los mataderos catalanes.
El Diari Oficial del Parlament de Catalunya (DOPC) recogía la semana pasada las diferentes enmiendas que los Grupos Parlamentarios han incorporado a esta propuesta de ley, entre las que destacan dos impulsadas por el grupo Popular, que modifican tres principios sobre los cuales FECIC ha hecho hincapié. Estos son:
-La facultad del matadero en repercutir la tasa de residuos hacia el ganadero, quedando reconocida en esta ley la amplia jurisprudencia existente como consecuencia de las sentencias judiciales conseguidas en su momento.
-La entrada en vigor de la nueva ley para los mataderos no será con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 2012, como pretendía el ejecutivo catalán, sino que se aplicará en el trimestre natural posterior a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
-Respecto a las deducciones de la tasa, la propuesta era reducirlas en 41 puntos de deducción. Así se pasaría del 65 actual al 24% propuesto. Finalmente, se podrá recuperar gran parte de esta deducción, y se establece un máximo del 56%, con lo que el diferencial de deducciones pasa a ser de nueve puntos.
Cabe recordar que las empresas cárnicas catalanas tendrán que asumir ahora un desembolso anual de unos tres millones de euros, que se sumarán a los seis que ya pagaban. A pesar de la rebaja lograda, este incremento de la tasa de inspección veterinaria resta competitividad a la industria cárnica catalana, un sector netamente exportador, respecto a otras Comunidades Autónomas que mantienen unas deducciones en la cuota del 80% o que simplemente no la pagan.
