“Los fabricantes de vehículos se equivocan al tratar de combatir el intervencionismo con más intervencionismo”
La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) publicó un comunicado en el que lamentó que la patronal que agrupa a los principales fabricantes de vehículos con presencia en nuestro país trate de combatir el intervencionismo que les obliga a vender determinados modelos con más intervencionismo, trasladando las obligaciones que les impone la Administración a otros actores de la cadena de valor de la industria de la automoción.
En un informe difundido recientemente bajo el título ‘Estrategias para el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en ciudades’, Anfac solicita, entre otras medidas, que “en la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las entidades locales introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados, transformando así las estaciones de servicio en estaciones multienergía”.

CEEES es una organización empresarial cuyos asociados son pymes y autónomos del sector de las estaciones de servicio. “Nuestras pequeñas y medianas empresas creen de verdad en el libre de mercado y garantizan la movilidad de empresas y particulares todos los días sin necesidad de estar pendientes del Boletín Oficial del Estado”, reza el comunicado.
“Si, lamentablemente, la Administración quiebra la libertad de empresa de nuestros asociados obligándolos a instalar puntos de recarga, nosotros no reclamamos a esa misma Administración que obligue a los fabricantes de coches a producir únicamente vehículos eléctricos”, aclararon.
“La única razón por la que la tasa de penetración de vehículos eléctricos de batería (BEV) en el total de matriculaciones de nuevos turismos en 2024 se situó en el 5,6% es que los consumidores optan por otras tecnologías diferentes a la puramente eléctrica. Buscar causas diferentes y proponer por tanto soluciones desproporcionadas es un ejercicio de futilidad que puede además comprometer la viabilidad de las pymes de otros sectores de actividad ya en transformación”, concluyeron desde la Confederación.

Desde la Confederación señalaron que “resulta ciertamente sorprendente que una organización empresarial que tiene como misión ‘fomentar el adecuado desarrollo del sector de la automoción contribuyendo a los intereses generales del país’ traslade las obligaciones que la Administración impone a sus asociados al alero de otros colectivos”.
Y más sorprendente es aún que lo haga cuando en la edición de 2025 del Anuario de la Movilidad Eléctrica de Aedive (entidad en la que están integradas hasta media docena de socios de Anfac) se reconoce que la media de uso de los cargadores de recarga pública ultrarrápida se sitúa en el 5,8%.
“Las estaciones de servicio ya somos estaciones multienergía”, afirmó la CEEES. “Lo somos desde hace años y sin que mediara ningún tipo de obligación legal. Llevamos décadas dispensando metano en diferentes formatos, GLP, combustibles renovables, recargas eléctricas e incluso hidrógeno. Y lo hemos hecho sin necesidad de que otra organización empresarial haya decidido de qué modo es necesario regular nuestro sector de actividad”.