“El futuro de las estaciones de servicio se plantea tremendamente desafiante, pero también está cargado de oportunidades”

El sector de las estaciones de servicio está destinado a jugar un papel fundamental en la transformación de la movilidad hacia un modelo más sostenible. Un escenario que supone todo un desafío para las compañías de distribución de carburantes, especialmente en un contexto muy marcado por la inestabilidad de los mercados. A su vez, los compromisos adoptados por nuestro país en materia de sostenibilidad han derivado en la transformación continua del marco regulatorio, lo que complica aún más las opciones de las empresas del sector para ajustar su negocio a todos estos cambios.

En este punto, las estaciones de servicio siguen trabajando con el firme propósito de adecuarse a estas nuevas exigencias, tanto de clientes como de administraciones. Para tratar de entender mejor cual es la situación actual del sector, hablamos con Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

En el momento de responder a este cuestionario, la inmensa mayoría de las estaciones de servicio no han cobrado la devolución de las cantidades bonificadas en el mes de diciembre, que debido a la alta demanda fueron muy superiores a las de otros meses. Así que con una deuda muy importante por parte de la Administración y con unos ingresos exiguos derivados del bajón de ventas que se produjo en enero, la tesorería de las pymes del sector está muy lejos de atravesar su mejor momento.

Sí, es evidente que el anuncio de la retirada de la bonificación universal de 20 céntimos disparó las ventas en los últimos días de diciembre y las redujo a la mínima expresión a principios del mes de enero.

Me gustaría ser muy claro en este asunto. Según datos oficiales de la DGT, el 31 de diciembre de 2022 circulaban por nuestras carreteras algo más de 25,2 millones de turismos. De ellos, 109.619 eran vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés), lo que deja una penetración del 0,43% sobre el total. Es decir, de cada 1.000 coches existentes en España sólo cuatro son eléctricos. Es una cantidad insignificante, que desde luego no justifica inversiones de decenas de miles de euros por parte de las estaciones de servicio si se pretende que éstas sean mínimamente rentables.

CEEES está elaborando un informe sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la red española de estaciones de servicio que en los próximos días entregará a la Subcomisión del Congreso de los Diputados que trata este asunto. En ese informe elaboramos diversos planes de negocio para implantar cargadores de 50 y de 150 kW y en ninguno de los casos la inversión se recupera después de los primeros cinco años, que es el plazo legalmente establecido para la amortización de los equipos. Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el 70% de las estaciones de servicio españolas están en manos de pymes, ¿de verdad alguien piensa que una microempresa familiar va a hacer una inversión que no es rentable y más cuando probablemente deba destinar cantidades ingentes de dinero a adaptar sus instalaciones a la ITC-04? Habrá alguna que lo hará, pero no será, desde luego, la tónica general. Y entonces nos exponemos a un problema grave de competencia, con la mayoría de puntos de recarga en manos de las grandes eléctricas, que son las verdaderas ganadoras de esta carrera. Si se quiere que la mayoría de las pymes del sector cuenten con puntos de recarga habrá que sufragar el 100% del Capex y buena parte del Opex con dinero público. Si se considera que la proliferación de estos equipos es positiva para el interés general no queda otra que financiarlos vía Presupuestos Generales del Estado. Así lo hemos expuesto en nuestras intervenciones en el Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE), en el que participamos desde su puesta en marcha.

Otro de los asuntos escandalosos que hemos llevado a esa amplia mesa de negociación es la competencia desleal que desde algunas Administraciones públicas se hace a las estaciones de servicio. Pensemos en lo absurdo de las situaciones que hoy se están dando en España: una estación de servicio está obligada a instalar puntos de recarga para coches eléctricos porque en 2019 vendió más de cinco o diez millones de litros de combustible. Ese negocio ha de efectuar una inversión que a día de hoy es de todo punto ruinosa. Si no lo hace, se enfrenta al súper exigente régimen sancionador de la Ley del Sector de Hidrocarburos, con multas de 600.000 euros en adelante. Cuando instala su punto de recarga (y empieza a perder dinero), el propietario de esa estación de servicio comprueba con estupor cómo el Ayuntamiento de turno abre un punto de recarga gratuito literalmente en la acera de enfrente. Esto es un sinsentido que debería ser atajado de forma contundente por el Ministerio de Transición Ecológica.

CEEES forma parte de la Asociación Española del Hidrógeno y muchos de nuestros socios están adheridos a los clúster o asociaciones regionales que han echado a andar en sus respectivos territorios. Entendemos que es una oportunidad interesante, aunque las inversiones son incluso más cuantiosas. Trabajamos con muchos actores importantes del sector (energéticas, ingenierías, productores de hidrógeno renovable, fabricantes de vehículos, potenciales consumidores, entidades financieras, etc.) para tratar de poner en marcha varias hidrolineras en estaciones de servicio vinculadas a CEEES en los próximos años. Pero, al igual que sucede con otras energías alternativas, es fundamental que la Administración se involucre decididamente en la promoción y financiación de estas infraestructuras de repostaje de hidrógeno si se quieren cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea y por España.

Uno de los primeros consejos de ministros de esta legislatura decretó la emergencia climática. Teniendo en cuenta que, según nuestro Gobierno, nos enfrentamos a una verdadera emergencia, la Administración no utilice todas las herramientas que tiene a su disposición para reducir las emisiones contaminantes vinculadas a la movilidad. Es como si el barco en el que viajamos se estuviera hundiendo y sólo nos dejaran achicar agua con un determinado modelo de cubo. Tenemos muchos cubos, baldes, barreños, bombas, que nos permitirían sacar agua de nuestra embarcación. Tenemos biocombustibles avanzados, tenemos biometano, tenemos hidrógeno, tenemos GLP, tenemos combustibles sintéticos y tenemos coches eléctricos. Y de todas esas herramientas de achique, la Administración (española y europea) únicamente nos permite emplear una de ellas.

Los ecocombustibles son una herramienta fantástica para reducir las emisiones asociadas a la movilidad. Constituyen una solución complementaria e imprescindible para alcanzar la neutralidad de emisiones sin necesidad de sustituir ni el parque actual de vehículos ni las infraestructuras de almacenaje y dispensación de energía para la movilidad. Son una opción imbatible cuando hacemos un análisis coste-beneficio de las diferentes soluciones que tenemos encima de la mesa. Y además constituyen una fantástica oportunidad para descarbonizar la movilidad en determinadas aplicaciones y en zonas rurales, muchos de cuyos habitantes no se sienten incluidos en la estrategia de transición energética que se está implementando en la actualidad.

CEEES apuesta por la neutralidad tecnológica como principio rector para lograr la reducción de emisiones asociadas a la movilidad. No estamos particularmente ligados a ninguna de las opciones energéticas que concurrirán en la movilidad del futuro, por lo que haremos lo mismo que venimos haciendo desde hace décadas: garantizar la movilidad de empresas y particulares, suministrándoles la energía que nos demanden para impulsar sus vehículos.

Rotundamente no. Pero lo sé yo y lo sabe la Administración, por más que no quiera reconocerlo públicamente. Y lo peor es que quienes ahora nos gobiernan muy probablemente no ocupen sus cargos en 2030 o 2035, pero la mayoría de empresarios de estaciones de servicio, pymes del sector de la automoción, recambistas, talleres, sí continuarán generando empleo y riqueza para el país. La no consecución de los objetivos fijados puede conducirnos a la frustración y, lo que es peor, al inmovilismo. Parece que la Administración no quiere darse cuenta de esta realidad, pero precisamente la mejor manera de reducir las emisiones pasa por fijarnos objetivos realistas, especialmente centrados en las pymes, que son quienes constituyen más del 95% del tejido empresarial español. Conseguir ir mejorando paulatinamente y premiando e incentivando a quienes más se esfuercen debería ser el camino que marcara la Administración. Pero parece que las zanahorias se las han gastado en subvencionar proyectos de grandes multinacionales y que para las pymes sólo quedan palos.

Contestaré con un dato: CEEES tiene asociados que llevan esperando más de dos años para que les permitan instalar un punto de recarga. A ello hay que añadir la lentitud de la Administración a la hora de hacer los deberes, publicando la Orden Ministerial TED/1009/2022 en el BOE del 25 de octubre de 2022, remitiendo a las Comunidades Autónomas después de esa fecha el listado de estaciones de servicio obligadas a contar con puntos de recarga el 23 de febrero de este año, previa tramitación con la Consejería de turno, presentación de alegaciones si procediera, etc. Ya no hablemos de la demora a la hora de recibir las ayudas previstas por los planes Moves. Es todo un despropósito en el que, una vez más, las pymes son las grandes perjudicadas.

Con ilusión, pero también con escepticismo y cautela. Somos especialistas en ofrecer a nuestros clientes lo que estos nos demandan y eso será lo que continuemos haciendo en el futuro. Pero luego vemos cosas que nos frustran, como distribuidoras eléctricas que no nos dan la potencia necesaria para poner puntos de recarga en nuestras instalaciones o grandes energéticas con las que firmamos contratos de 15 años de duración para poner un punto de recarga gestionado por ellos y que al día siguiente de su inauguración ya tiene colgado un cartel de “fuera de servicio”. Son estas cuestiones las que verdaderamente ponen palos en las ruedas de una transición energética pragmática y eficaz.

Es previsible que así suceda. Todo dependerá del frío que haga en el hemisferio norte en el tercio de invierno que nos queda y de cómo de rápido se recupere la demanda china tras el abandono de su política cero Covid. El problema puede venir ahora con la gasolina, con la temporada alta de conducción en Estados Unidos ya muy cerca y unos márgenes de destilados medios aún muy elevados que hacen que las empresas con capacidad de refino de todo el mundo estén ajustando los rendimientos de sus instalaciones para maximizar la producción de diésel. De nuevo, China será crucial, pues el despertar de su demanda interna de movilidad privada ha propiciado que sus exportaciones de gasolina caigan a mínimos de ocho años en la primera mitad de febrero.

Directamente no demasiado, porque además las refinerías españolas están perfectamente preparadas para procesar crudos de muy diversas procedencias y calidades. Pero evidentemente, en un mercado tan estrecho y de ámbito global, cualquier distorsión de la oferta puede tener consecuencias muy negativas en los precios.

El nuestro es un negocio de volumen y en 2022 hemos aprendido que cualquier cifra superior a los dos euros desincentiva el consumo. El de los carburantes es un mercado en el que, por supuesto, la demanda es elástica en relación al precio. Lo mejor que puede pasar a las pymes del sector es que el producto sea barato y que eso propicie cierta alegría en el consumidor.

Rotundamente no. Siempre que España cuente con petróleo las refinerías que operan en nuestro territorio podrán producir gasolina y gasóleo suficientes como para abastecer el mercado doméstico e incluso para exportar estos productos. La cuestión es a qué precio lo pagaremos, puesto que nuestro precio de compra está directamente relacionado con la cotización internacional de los productos.

En España el sector mayorista ha hecho los deberes, invirtiendo cantidades muy importantes en los últimos años para garantizar el suministro de combustibles en nuestro país. Otra cosa es lo que sucede en el ámbito de la UE, donde en apenas 13 años hemos perdido el 19% de nuestra capacidad de refino. Y esto ha sucedido porque tanto la Unión Europea como los Gobiernos de los Estados miembro han decidido deslocalizar la producción de combustibles fuera de las fronteras del Viejo Continente. Lamentablemente, la guerra en Ucrania y sus consecuencias han demostrado que se trata de una estrategia no sólo errónea, sino muy peligrosa. Si algo bueno podemos sacar de este drama es que ha servido para reordenar las prioridades de la UE en materia energética. Ahora, la prioridad absoluta es la seguridad de suministro. Esperemos que los mandatarios europeos tomen las decisiones adecuadas para garantizarla.

Desde luego que suponen un desafío, si bien es muy probable que esas estaciones de servicio continúen suministrando producto a sus clientes habituales, que serán los residentes de esos núcleos urbanos. En cualquier caso, es curioso comprobar cómo la práctica totalidad de los municipios obligados a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBEs) están demorando estas decisiones hasta que pasen las elecciones municipales del mes de mayo. No estarán demasiado convencidos de la aceptación popular de medidas como éstas si no sacan pecho de ellas en campaña electoral.

Tremendamente desafiante. Pero, aunque pueda sonar a tópico, cargado también de oportunidades. Bajo mi punto de vista, lo que deben hacer los pequeños y medianos empresarios del sector de las estaciones de servicio es dedicarse a pensar cómo quieren que sean sus negocios dentro de cinco, diez o quince años. A partir de ese análisis, hay que tomar decisiones que en muchos casos serán arriesgadas, pero que pueden suponer la tabla de salvación de sus negocios.

Sería interesante que, empresarios del sector, Administración y sindicatos diseñáramos conjuntamente un plan que nos diga dónde y cómo quiere y debe estar en nuestro sector en los próximos cinco, diez y quince años. Las ventas medias por estación se han reducido de forma alarmante desde hace quince años. En 2007 cada instalación vendía alrededor de 3,5 millones de litros al año y en 2022 esa cifra se sitúa ligeramente por encima de los 1,8 millones de litros, prácticamente la mitad. La apertura indiscriminada de nuevas instalaciones propicia una caída de las ventas medias que obliga a los responsables de las estaciones de servicio a fijar un margen unitario superior para alcanzar el umbral de rentabilidad en sus negocios, con el consiguiente perjuicio a los consumidores. Cuando ni siquiera así salen las cuentas, se procede al cierre de estaciones de servicio, especialmente en zonas rurales, lo que puede provocar la aparición de zonas de sombra de suministro, no sólo de combustibles líquidos, sino de cualquier energía alternativa para la movilidad. La Administración debería velar por la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, garantizando el servicio y blindando de algún modo las inversiones (muy cuantiosas, por cierto) que los empresarios de estaciones de servicio ya están haciendo a día de hoy para garantizar la movilidad sostenible de empresas y particulares.

Lo que está claro es que, en un mundo globalizado y cambiante donde los cambios suceden a toda velocidad, resulta fundamental tener toda la información para tomar las decisiones adecuadas en el momento justo. Para ello, pueden contar con CEEES y con todas sus organizaciones asociadas como los mejores compañeros de viaje para recorrer el camino incierto que tenemos por delante.