La AOP, partidaria de una “equitativa” revisión impositiva de las diferentes energías
En un desayuno informativo celebrado el 24 de abril en Madrid, el presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, se mostró partidario de que, en el caso de que se modifique la presión impositiva que grava las diferentes energías, se apliquen criterios equitativos “con el objetivo de alcanzar una neutralidad fiscal”. Asimismo, lamentó el “sesgo eléctrico” que desde el punto de vista fiscal tiene el informe elaborado por el Comisión de Expertos sobre Transición Energética recientemente entregado al Gobierno.
El presidente de la patronal -de la cual forman parte BP, Cepsa, Galp, Repsol y Saras- y que estuvo acompañado en el desayuno informativo por el director general del colectivo, Andreu Puñet, dijo que el citado estudio prevé, para 2030, dos escenarios en relación al precio de la tonelada de CO2: 33 o 55 euros, una cotización muy superior a la actual, que en los mercados internacionales ronda los 7,5 euros. No obstante, puntualizó, gasolinas y gasóleos “ya están pagando” la tonelada de CO2 a 200 euros, por lo que en cualquiera de las dos franjas previstas de precios “deberían bajar los impuestos que se aplican a los carburantes líquidos derivados del petróleo”.
Aires, quien indicó de forma muy clara los puntos en los que la AOP coincide y aquellos en los que está en desacuerdo con el análisis realizado por la Comisión de Expertos, dijo que el análisis entregado al Gobierno se contemplan tres elementos impositivos adicionales. En primer lugar, gravar otras emisiones contaminantes, como las de óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre y partículas, que están relacionadas con la calidad del aire, pero no con el calentamiento global.
En este punto, el presidente de la AOP se mostró partidario de gravar las emisiones de los motores, no del carburante utilizado, puesto que, por ejemplo, -señaló- un turismo actual alimentado por gasóleo emite un 85% menos de NOx que un coche diésel de hace quince años. Por este motivo, la AOP es partidaria de gravar la antigüedad del motor tomando como base las reglamentaciones Euro. No obstante, Aires admitió que la patronal no ha evaluado aún todas las posibilidades de esta propuesta ni cómo debería articularse. Ahondando en esta argumentación, Aires apuntó que el 15% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas tienen más de 20 años de antigüedad, aunque sus emisiones de partículas, NOx y óxidos de azufre representan entre el 30 y el 40% del total.
En segundo lugar, relató Aires, la AOP es contraria a la propuesta del estudio gubernamental según la cual los sobrecostes del sistema eléctrico se asumirían gravando a otros sectores energéticos. En tercer lugar, el también presidente de BP España mostró su sorpresa por el hecho de que el estudio de la Comisión de Expertos abogue porque los consumidores finales asuman el coste de las respectivas infraestructuras de distribución y, en cambio, proponga que los consumidores finales de combustibles líquidos derivados del petróleo sufraguen el coste de mantenimiento de la red vial nacional, cuando el precio de venta al público de gasolinas y gasóleos ya tiene incluido los costes logísticos y de distribución.
Esfuerzo conjunto
Por lo que respecta a las coincidencias con las propuestas incluidas en el citado análisis, Aires dijo que la AOP apoya las relacionadas con la movilidad sostenible, aunque señaló que “es absurdo” plantear medidas apoyadas en tecnologías incipientes. Además, propuso que cualquier motor, independientemente del carburante o energía que requiera para su utilización, reciba ayudas en función de las emisiones de CO2 que emita. En este sentido, dijo que la evolución tecnológica de los motores de combustión interna les augura un papel de gran relevancia en la consecución de los objetivos fijados por la UE sobre la descarbonización de la economía europea para 2030 y 2050.
Aires señaló que el logro alcanzado por la economía española, que ya ha reducido en 120 millones de toneladas de CO2 las 150 establecidas para 2030, es fruto del esfuerzo de toda la sociedad, desde consumidores a fabricantes de vehículos y la industria de refino nacional -entre otros actores- que han tomado decisiones de inversión basándose en el coste eficiencia, que se apoya en el desarrollo tecnológico.
Por su parte, el director general de la AOP, Andreu Puñet, dijo que los retos fijados en el Acuerdo de París son “tan bestiales que no podemos desperdiciar ninguna opción energética”. Asimismo, reiteró que la densidad energética de los derivados líquidos del petróleo es tan alta que en algunas aplicaciones serán difícilmente sustituibles, al menos hasta que no se produzcan relevantes evoluciones tecnológicas protagonizadas por sus alternativas. Puñet, quien destacó que la industria del refino está investigando para obtener combustibles bajos en carbono, dijo que una alternativa para lograr la descarbonización de la economía es utilizar sistemas de captura de carbono.
