2023, el año del ‘fair play’ en las licitaciones de obras

La situación de la construcción es compleja: un sector que crea empleo estable y de calidad, que va a poner en marcha el primer plan de pensiones sectorial de la historia de España y cuyos agentes sociales pactaron un año antes que el resto una subida salarial del 10% en tres años -casi idéntica a la que acaban de firmar CEOE, CCOO y UGT- debería ser motivo de felicitaciones, máxime cuando estamos en pleno proceso de recepción de los Fondos NextGenerationEU, llamados a transformar España a nivel medioambiental, digital o económico.

El reverso que venimos denunciando desde 2021, cuando se produjeron las primeras señales, lo encabeza la inflación: a pesar de que la tasa general se ha moderado en España, los precios de las materias primas y de la energía siguen al alza comparados con su situación antes de la pandemia, especialmente grave en contratos de larga ejecución. Así, a la vez que se crean empleos, las constructoras siguen con complicaciones, con cierres y concursos de acreedores.

Un momento paradójico que amenaza con arruinar los compromisos con Bruselas pactados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al imposibilitar a muchas empresas competir en las licitaciones que publican las distintas administraciones. El Gobierno central lleva más de un año tomando cartas en el asunto, aunque en nuestra opinión esta buena voluntad no ha venido acompañada de la ambición suficiente: en marzo de 2022 se aprobó el Real Decreto-ley 3/2022, revisado en tres ocasiones y al que se le añadió una orden de desarrollo de diciembre pasado.

Finalizado el mecanismo de revisión de precios, desde el Ejecutivo se ha informado que la revisión de la Ley de Contratos del Sector Público está pendiente. Así, volveríamos a la normativa existente antes de 2015, la más justa, la que bendice que las licitaciones reflejen necesariamente los costes reales. Creemos, además, que es urgente obligar a las corporaciones locales y demás Administraciones Públicas a comprometerse con la revisión de precios ante el silencio administrativo negativo del que han abusado mientras el sistema estuvo en vigor.

De esta manera, consideramos que 2023 debe ser el año del juego limpio, del ‘fair play’, en las licitaciones de precios para que reflejen las oscilaciones reales del mercado. Solo así tendrá éxito en España el programa NextGenerationEU, en el que siete de cada diez euros van a estar directamente relacionados con la construcción.