Las ciudades con menos de 20.000 habitantes también podrán ser ‘smart cities’

CPI es una actuación administrativa de fomento de la contratación pública con pymes, emprendedores y resto de empresas que realicen una apuesta tecnológica. Es un contrato que la entidad pública pone a concurso a fin de satisfacer una necesidad no cubierta, mediante una solución innovadora. Este uso estratégico de la contratación pública para favorecer la innovación, supone una nueva forma de compra por parte de las Administraciones, apuntaron desde Greencities, cuya última edición concluyó el 26 de abril en Málaga.

Hasta ahora, añadieron las mismas fuentes, se fomentaba la innovación desde la oferta, es decir, las empresas contaban sus proyectos y algunas recibían para ello financiación del Estado. Con la CPI se fomenta que las Administraciones Públicas realicen una compra inteligente, mejorando sus necesidades o servicios a través de la I+D+i, al tiempo que fomentan la innovación empresarial. La CPI es, por tanto, una clara oportunidad para crear valor, empleo estable y de calidad.

Además, los gestores de las Diputaciones suelen prestar más atención a los beneficios a corto plazo de las compras que realizan, pero con la CPI se les brinda la oportunidad de contemplar también qué porcentaje de compras van a necesitar a futuro. Uno de los objetivos del Gobierno es precisamente que al menos un 3% de la licitación pública sea innovadora y supone un firme apoyo en aras de que la economía española esté basada cada vez más en el conocimiento.

Para co-financiar proyectos innovadores existen dos programas nacionales con fondos europeos denominados: ‘Innocompra’ e ‘Innodemanda’. El primero tiene como finalidad apoyar a los organismos públicos, con poder adjudicador a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, para el desarrollo de proyectos innovadores susceptibles de recibir ayudas del Estado y que puedan generar contratos de Compra Pública Innovadora.

El programa financia a las entidades públicas entre el 50-85% del coste de la innovación tecnológica requerida en una licitación CPI, con un presupuesto superior a 5 millones de euros. El presupuesto disponible 2014-2020 del Programa ‘Innocompra’ es de 300 millones de euros.

El programa ‘Innodemanda’, por su parte, es un instrumento de financiación de apoyo a la oferta tecnológica que concurre en procesos de compra pública innovadora, de tal manera que la entidad contratante dispondrá de ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y servicios innovadores en la Administración.

A través de la firma de un acuerdo de adhesión con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), las empresas pueden obtener hasta un 75% de financiación en formato de préstamo (de forma excepcional puede llegar al 85%) del coste de la innovación tecnológica requerida en licitaciones de CPI, con un presupuesto mínimo de 175.000 euros. Este instrumento es financiado y gestionado por el CDTI, quien proporciona, tanto a entidades públicas contratantes como a posibles suministradores, la orientación y apoyo necesarios para la identificación de potenciales compras públicas innovadoras, así como para su aplicación y posterior gestión.

Este programa está enfocado a proyectos de uno a tres años, y el préstamo es parcialmente reembolsable con las siguientes condiciones: Euribor a 1 año, con plazo de amortización de 10 años y tres de carencia.

Por último, también se contemplan partidas específicas para licitaciones CPI dentro de Horizonte 2020 (H2020), programa para la Investigación y la Innovación en la Unión Europea, con un presupuesto adicional de 175 millones de euros a través de los programas CSA, PCP y PPI. El presupuesto disponible para el período 2018-2019 es de 124 millones de euros.

Gracias a la compra pública innovadora y a los fondos adicionales que moviliza, las Administraciones Públicas tienen ahora un aliciente más para adoptar una estrategia de compra inteligente, en línea con las políticas europeas, y contribuir hacia un cambio de paradigma que convierta al sector público en tractor de actividad tecnológica, y en última instancia, de nuevos mercados que creen empleo de calidad y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Además, su impacto en el progreso tecnológico puede ser enorme, pues las empresas podrían hacer una apuesta tecnológica sabiendo de antemano que cuentan con un cliente como es la Administración Pública, reduciendo así el riesgo de la inversión en I+D, y contribuyendo al desarrollo de la sociedad, la gestión eficiente de los recursos y la mejora de los servicios a los ciudadanos.