El sector eólico alerta de que una tasa del 11% representaría una amenaza para su supervivencia

Ante la posible tasa del 11% que el Gobierno podría aplicar sobre la generación eólica, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), a través de su presidenta Rocío Sicre, ha organizado una rueda de prensa en Madrid para denunciar la dudosa legalidad de esta medida e informar del grave riesgo que supondría su aplicación para la supervivencia de esta industria.

“El sector eólico se ha mostrado siempre dialogante y constructivo con todos los gobiernos, en el objetivo de encontrar soluciones consensuadas entre todos los agentes. Pero en esta ocasión, el Ejecutivo puede dar un golpe definitivo a nuestro sector en el caso de aplicarle una tasa del 11%, una medida que pondría en peligro la viabilidad de muchos de nuestros proyectos y que, además, sería de dudosa legalidad”, afirmaba Rocío Sicre a los medios de comunicación. Según añadía, el establecer un tributo que grave de un modo general e indiscriminado la producción de energía eólica podría solaparse, además de con el Impuesto sobre Electricidad, con algunos impuestos autonómicos de carácter medioambiental que ya gravan la producción de energía eléctrica.

Rocío Sicre, presidenta de la AEE, durante la rueda de prensa.

Según la presidenta de la AEE, esta nueva tasa tendría un impacto sobre la facturación del sector eólico cercano a los 3.000 millones de euros, provocaría una caída del 30% en la rentabilidad de los parques eólicos y generaría que cerca de un centenar de parques, con potencias próximas a los 30 MW, tuvieran serias dificultades para hacer frente a sus deudas. Todo ello incidiría además en una mayor destrucción de empleo en este sector (el cual, según se apuntaba en la rueda de prensa, ha visto perder ya desde el año 2009 alrededor de 14.000 trabajadores) y aumentaría el riesgo de deslocalización.

“Esta nueva medida supondría ir contra la Ley del Sector Eléctrico, que deja muy claro que ha de respetarse el principio de rentabilidad razonable. Atentaría contra la seguridad jurídica, porque supone romper las reglas del juego a mitad de partido. Y supondría la quiebra definitiva de la confianza de los inversores, nacionales e internacionales, por lo que aumentaría el riesgo país”, señalaba Rocío Sicre.

Según la AEE, la eólica es ya la tecnología que soporta una mayor presión fiscal ya que, a los impuestos comunes a las demás tecnologías (como son los estatales y los municipales), hay que añadir los cánones que se aplican en algunas comunidades autónomas. Por todo ello, España está entre los países europeos en los que la eólica soporta una mayor carga fiscal.

“El sector eólico ya ha hecho sacrificios en el pasado, y puede seguir haciéndolos siempre que sean justos y consensuados”, ha señalado Sicre, añadiendo que “la cuerda ya no se puede tensar más”.

La presidenta de la AEE ha hecho hincapié en que España necesita más que nunca sectores productivos y creadores de empleo que impulsen la salida de la crisis económica y cambien el modelo económico del país de cara al futuro. “El sector eólico es un modelo: ha crecido siempre de acuerdo a los objetivos, es un referente a nivel mundial, crea riqueza y empleo, reduce las importaciones de combustibles fósiles, exporta tecnología y es la imagen tecnológica de España. Por eso hay que salvar a la eólica”.

Sicre ha pedido al Gobierno que se replantee las medidas fiscales que está barajando. “Todos los países de nuestro entorno apuestan por la eólica y todos los analistas la señalan como la tecnología clave en cualquier mix eléctrico moderno”. Si la tasa sobre la generación eólica sigue adelante, “el sector usará todas las vías legales a su alcance para luchar por su supervivencia”.

En la misma línea se ha pronunciado Christian Kjaer, consejero delegado de EWEA, la Asociación Eólica Europea, que insta al Gobierno español a que reconsidere su postura: "Europa mira con asombro y preocupación la propuesta del Gobierno español de introducir un impuesto discriminatorio a la generación de energía eólica. Tal impuesto destruirá puestos de trabajo en el país, dañará a empresas eólicas españolas líderes mundiales y sentará un mal precedente para los gobiernos de Europa y del resto del mundo. Como tal, representa una amenaza para la industria eólica”.

Kjaer ha citado al comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, que en abril afirmó que la energía renovable no debe ser el chivo expiatorio de la crisis. “Lamentablemente, esto es precisamente lo que el Gobierno español parece estar haciendo”, al imponer “un impuesto discriminatorio a una industria nacional líder mundial que podría llevar a una pérdida de ingresos fiscales para empresas y empleados, dañando el crecimiento económico que España necesita tan desesperadamente. No tiene ningún sentido”.