Appa, Protermosolar y Unef hacen una declaración conjunta sobre la reforma eléctrica

1.- Cualquier medida se adopte en el debido y máximo respeto de la seguridad jurídica, entendida ésta en su más amplio sentido y no exclusivamente en el de la (de por sí indebida política y jurídicamente) retroactividad. Única vía por la que España podrá mantener su credibilidad en el contexto internacional y la confianza de los inversores extranjeros y nacionales, para poder seguir soportando las necesarias iniciativas a favor del crecimiento económico, imprescindibles para la necesaria generación de empleo.

2.- Mantengan coherencia en los planteamientos legislativos, en el sentido de contemplar y asumir que la seguridad jurídica debe reconocerse también en el debido respeto de las condiciones, circunstancias y garantías en que se han hecho las inversiones. Lo que ha permitido el desarrollo de tecnologías que han situado a España en posiciones de liderazgo e indiscutible reconocimiento. Más aún cuando los inversores no concentran exclusivamente sus actuaciones en el ámbito energético, sino también en sectores imprescindibles para el desarrollo de infraestructuras y la estabilidad financiera ante los mercados internacionales.

3.- Valoren el impacto de reducciones de ingresos o cargas fiscales adicionales (ya de por sí insoportables en el actual modelo energético renovable) en cualquier modelo económico estable y de regulación respetable y respetada. Pueden conducir, tras los recortes impuestos arbitrariamente por el anterior gobierno y la moratoria reciente, a una crisis financiera y a la entrada en muchos casos en situaciones de insolvencia y morosidad.