La Asociación Empresarial Eólica (
AEE) ha presentado ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una serie de propuestas para eliminar el déficit de tarifa y mejorar la eficiencia del sistema. En este contexto, AEE recuerda que la eólica no tuvo impacto en el aumento del déficit de tarifa de 2011 y es la tecnología renovable más eficiente. E insiste en la urgencia de contar con un marco regulatorio estable cuanto antes para garantizar el desarrollo del sector en España y permitir el cumplimiento de los objetivos europeos de cara a 2020.
Las medidas concretas que propone AEE a raíz de la consulta pública abierta por la CNE van en diferentes sentidos, y tienen en cuenta que en todo caso los ajustes que se realicen se harán respetando las inversiones ya realizadas y fomentando las inversiones eficientes. Por un lado, aunque considera que el fin del déficit de tarifa tiene que pasar por una subida de la tarifa de acceso, sugiere medidas destinadas a reducir el impacto para los consumidores de electricidad. En este sentido, defiende el céntimo verde (la aplicación de una tasa sobre los combustibles fósiles) y el uso de las subastas de CO
2 para financiar las energías renovables (de modo que los ingresos obtenidos por la venta de derechos de emisión de las diferentes subastas a partir del año 2013 se destinen al sector). Además, considera necesario que los costes eléctricos extrapeninsulares vuelvan a salir de la tarifa y se trasladen a los Presupuestos Generales de Estado (PGE). Y defiende la aplicación de un IVA reducido del 8% a la parte correspondiente de generación renovable, tal y como queda recogido en el artículo 102 de la Directiva 2006/112, contribuyendo a evitar así futuras subidas del recibo de la luz.
Otra serie de medidas están destinadas a profundizar en la liberalización y eficiencia del mercado eléctrico, así como a favorecer a las capas más necesitadas de la sociedad. Por ejemplo, la aplicación progresiva de la tarifa de peaje en función del consumo de energía eléctrica (lo que impulsaría la eficiencia energética) o la transferencia del coste del bono social a los Presupuestos Generales del Estado.