La Junta Directiva de AEE nombra presidenta a la representante de EDPR, Rocío Sicre
19 de enero de 2012
La Junta Directiva de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), reunida hoy 19 de enero en Madrid, ha nombrado presidenta a la hasta ahora vicepresidenta en representación de EDP Renováveis (EDPR), Rocío Sicre. Entre otras cosas, la nueva presidenta será la encargada de representar al sector eólico en las conversaciones con el Gobierno sobre el nuevo marco regulatorio.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), Sicre ha desarrollado toda su carrera en torno a las energías renovables, primero en la antigua Unión Fenosa Energías Especiales –dónde desarrolló diversas funciones en el área jurídica económica hasta llegar a ocupar la dirección financiera en 2001– y, posteriormente, en el Grupo Hidrocantábrico (hoy, parte de EDP). Ya en este grupo, Sicre fue responsable del área financiera de EDPR Europa hasta que fue nombrada en 2008 directora general de EDPR para España, cargo que continúa desempeñando en la actualidad.
EDPR, la filial de energías renovables de EDP, es uno de los principales promotores del sector eólico en España, con cerca de 2.500 MW. Varias sociedades del grupo estuvieron entre los miembros fundadores de AEE.
Sicre ha afirmado que su primera actuación será “poner a AEE a disposición del Gobierno para iniciar las negociaciones sobre el nuevo marco regulatorio, fundamental para el desarrollo futuro del sector. La Asociación está dispuesta a trabajar conjuntamente con el Ejecutivo para encontrar la mejor solución posible tanto para España y la economía española como para la sostenibilidad del sector”.
Con 220 empresas asociadas, AEE representa a más del 90% del sector eólico en España y su misión es defender sus intereses. En 2012, la Asociación celebra su décimo aniversario, que coincide con el último año de vigencia del Real Decreto 661/2007, el marco regulatorio por el que actualmente se rige el sector. De ahí la urgencia de abrir vías de diálogo con el Ejecutivo y llegar a un acuerdo sobre una nueva normativa que sea beneficiosa para España y su economía y garantice el desarrollo futuro del sector.
