Fundación Renovables aplaude la decisión del Consejo de Ministros de aprobar una nueva normativa de autoconsumo

La Fundación Renovables aplaude la decisión del Consejo de Ministros de incluir una nueva normativa sobre autoconsumo en el Decreto de Medidas Urgentes para abaratar el precio de la luz que se ha aprobado en el último Consejo de Ministros, a expensas de poder evaluar con mayor profundidad las medidas sobre Transición Energética que contiene el texto. La eliminación de los llamados cargos asociados a los costes del sistema y popularmente conocidos como “Impuesto al Sol” -el cargo fijo, que se aplica en función de la potencia, y el cargo variable, aplicado sobre la energía autoconsumida- impulsarán definitivamente el autoconsumo. Además, esta nueva normativa incluye una simplificación de todas las trabas administrativas y jurídicas que hasta ahora dificultaban en gran medida el derecho de la ciudadanía a producir su propia energía, un bien básico al que deben tener acceso todas las personas.

Consideramos que el autoconsumo constituye una medida fundamental para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la Transición Energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda tal y como hemos propuesto en las más de doscientas medidas que proponemos en el informe que presentamos el pasado mes de marzo. Además, la nueva normativa aprobada por el Consejo de Ministros nos equipara por fin al resto de los países europeos y alinea a España, que abandona así su trayectoria de políticas energéticas insostenibles, con la Directiva Europea que se va a aprobar en breve.

Como parte de la Alianza por el Autoconsumo, la Fundación Renovables lleva mucho tiempo trabajando por la derogación del RD 900/2015, ya que consideramos que el autoconsumo es el elemento principal para conseguir empoderar al consumidor y convertirlo en un sujeto activo y centro del sistema energético. Asimismo, insistimos en que el autoconsumo es un instrumento básico para la gestión de la demanda. En primer lugar, porque el “prosumidor” es más consciente de la cantidad de energía que consume cuando es él mismo el que la produce. En segundo lugar, por su gran capacidad de almacenar energía frente a otras modalidades de producción.

El autoconsumo es un elemento clave para avanzar en la implantación del nuevo modelo energético que defendemos, que es también social, económico y ambiental, porque constituye un elemento de diversificación de los agentes del sector energético y, por tanto, una garantía de transparencia, y reduce pérdidas, lo que incide sobre los costes y el aprovechamiento de los recursos de que disponemos.

En nuestro documento “Hacia una Transición Energética Sostenible” apostamos apuesta por el establecimiento de los siguientes objetivos vinculantes en la capacidad de cubrir la demanda final de energía mediante sistemas de generación situados en puntos de consumo: 10% en 2030, 20% en 2040 y 30% en 2050.

En este contexto, en la Fundación Renovables venimos proponiendo las siguientes medidas respecto al autoconsumo:
• No limitar la potencia de la instalación. No deben existir limitaciones ni en el tamaño de la instalación, ni en la potencia, ni por la relación entre la energía generada y la consumida.
• No a los cupos por potencia. No deben existir limitaciones de potencia instalada ni a nivel nacional ni local.
• Monetización de todos los flujos de energía, considerando como procedimiento de valorización o saldo de los flujos de energía la monetización en base a sus características básicas de origen y destino.
• Igualdad de derechos con otros agentes del mercado. El desarrollo del autoconsumo debe implicar el compromiso y el derecho por parte de los consumidores, en igualdad de condiciones que el resto de los agentes del sistema, de actuar de forma activa en la cobertura de su demanda energética y en destinar con total libertad la energía generada por el mismo.
• Retribución justa de todos los excedentes vertidos a la red para todas las instalaciones, independientemente de su tamaño, de acuerdo con los precios del mercado.
• Derecho al almacenamiento sin trabas ni peajes. El almacenamiento es primordial para el funcionamiento adecuado de una instalación de autoconsumo, dado que en su instalación lleva implícita la gestión de la demanda o la adecuación de esta a las magnitudes del sistema de generación y, por tanto, la minimización de su consumo con respecto a la red.
• Nuevo tratamiento fiscal. El tratamiento fiscal de este tipo de iniciativas debe fomentar su uso tanto en lo que respecta al IVA de las instalaciones como a la posibilidad de neteo de los flujos económicos generados.
• Definición de modelos de gestión y de cobertura no aportados por la gestión de la demanda, como la implementación de sistemas de almacenamiento primario centralizado, secundario y sistemas distribuidos mediante baterías fijas o en los vehículos eléctricos.
• Fomentar la incorporación de baterías de almacenamiento en las instalaciones de generación en consumo en base al incremento de la potencia de generación y de la gestión activa de la demanda para mejorar la gestionabilidad del sistema.

En esta línea, creemos que es especialmente importante que el Gobierno facilite el fomento del autoconsumo conectado, es decir, que permita compartir la generación entre vecinos de una comunidad -no sólo de sus zonas comunes, lo que es ya legal- o habitantes de un barrio y que establezca un marco de relación de intercambio abierto entre distintos consumidores y productores.

Asimismo, insistimos en que es fundamental que los usuarios de electricidad puedan tener un acceso en tiempo real a sus datos de consumo que registran los nuevos contadores de cara a que pueda haber una verdadera autonomía del consumidor en la gestión de energía y aumentar de esta manera la eficiencia energética.

En cuanto al bono social, si bien pensamos que las medidas aprobadas al respecto son positivas, desde la Fundación Renovables seguimos insistiendo en que solución para los consumidores vulnerables es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto.