APPA Renovables advierte de un posible conflicto competencial en la central de Irueña
El anuncio por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de proceder a la construcción de una central hidroeléctrica en la presa de Irueña (Salamanca), constituye una novedad en el actual sistema energético nacional. Con el objetivo de que este proyecto no vulnere las normas de competencia y se ajuste a derecho –dado que los organismos supervisores son los propios promotores–, la Sección Hidráulica de APPA Renovables se personará como parte interesada en el proyecto, según ha anunciado la propia asociación.
La central anunciada, de 4,5 MW y con una producción esperada de 16.300 MWh anuales constituye un paso más en la transición energética de nuestro país. «A pesar de las bondades de este proyecto, el hecho de que esa fuerte inversión sea promovida con dinero público, por la Confederación Hidrológica del Duero (CHD), organismo supervisor de la cuenca, exige adoptar mecanismos de garantía para evitar el despilfarro público, daños medioambientales -quién supervisa al supervisor-, y la vulneración de los derechos de todos los productores y consumidores», explica la APPA.
Una actividad liberalizada para un interés general
Si bien es cierto que el suministro eléctrico es un servicio de interés general y que las Administraciones Públicas deben velar por garantizarlo a todos los ciudadanos y empresas, no deja de ser igualmente cierto que se trata de una actividad liberalizada en la que la participación directa de las Administraciones Públicas entraña riesgos y genera preocupación, al no someterse el proyecto al principio de libre concurrencia para elegir la mejor opción. En este sentido, la Sección Hidráulica de la APPA señala que la gestión pública de este proyecto hidráulico puede ser contraria a las exigencias del Derecho Comunitario y del Derecho de la Competencia, entre otras razones, al restringir la libre competencia en la generación eléctrica, al afectar al uso común del dominio público, y, de manera importante, al tener la posibilidad el proyecto de no tributar ni devengar cánones, lo que, como se ha dicho, situaría al gestor público del proyecto en una situación de ventaja competitiva contraria a la normativa europea vigente. Todo ello exige arbitrar instrumentos e incrementar las medidas de control de esta fuerte inversión pública.
Un proyecto con todas las garantías
Para asegurar que el proyecto cuenta con todas las garantías, la Sección Hidráulica de APPA Renovables se personará como parte interesada en el proyecto, y velará para que se justifique la utilización, en su caso, de fondos públicos para intervenir en una actividad liberalizada y donde no existe un fallo de mercado, para así asegurar que no haya distorsión en este concreto mercado.
Dado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) contempla la necesidad de invertir más de 101.000 millones de euros la próxima década, de los cuales el 80% será aportado por las empresas, APPA Hidráulica velará por la transparencia de este proyecto, corroborando que sus fases y desarrollo sean acordes con el Derecho de la Competencia. «De esta forma, se velará porque todos los promotores, sean públicos o privados, cumplan las mismas normas y tengan las mismas obligaciones», sentencia el comunicado de APPA.
