La patronal de la reforma pide ampliar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a las instalaciones de autoconsumo energético
La patronal de la reforma (Andimac) pide ampliar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda a las instalaciones de autoconsumo energético, después de que el Consejo de Ministros aprobara el RD 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
La patronal explica que las comunidades autónomas -que participan en la cofinanciación del Plan como competentes en la materia- podrían extender las ayudas, puesto que ahora mismo se encuentran bloqueadas en buena parte de ellas tras el rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el consecuente adelanto electoral.
Andimac sostiene que la ampliación de estas ayudas contribuiría al desarrollo del autoconsumo energético en España, puesto que abarataría el coste, de aproximadamente 5.000 euros por instalación, que tendrían que soportar los ciudadanos. Y ese desarrollo, añaden desde la patronal, se traduciría en una importante rebaja del consumo y, por ende, de la factura energética, que podría reducirse hasta un 40%, según informaciones publicadas al respecto.
Andimac avisa de la complejidad de introducir sistemas de autoconsumo en las viviendas individuales y de que en la mayoría de las ocasiones habrá que poner el foco en las comunidades de vecinos. Sin embargo, el mercado español carece de una figura jurídica que regule las comunidades de propietarios, lo que dificultará que estas instalaciones se extiendan con el potencial que aguardan.
Un problema al que se debería dar solución mediante una serie de iniciativas que allanen el camino en materia fiscal, financiera, jurídica, de garantías y, muy especialmente, impulsando que los municipios cumplan con el deber de vigilancia a través del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE).
En cualquier caso, la patronal estima que estos fondos podrían beneficiar al 55% de las viviendas en España, ya que los potenciales beneficiarios son los propietarios de viviendas habituales, ya sean unifamiliares o colectivas, que hayan sido finalizadas antes de 1996, por lo que podrían aprovecharlas unos 13,7 millones de viviendas de las casi 25,7 millones que integran el parque inmobiliario en nuestro país.
