La llave del futuro eólico la tiene un buen sistema de subastas
Si a cualquiera de los que trabajamos en renovables en España nos preguntan hoy cuál es nuestra principal esperanza de futuro, seríamos muchos los que contestaríamos que las subastas. Si nos preguntan por nuestra principal preocupación, la respuesta sería idéntica: las subastas.
¿Y por qué? Porque, a día de hoy, este sistema de concurrencia competitiva es la llave del crecimiento de las renovables no sólo en España, sino en toda Europa, desde que en enero de este año entró en vigor la exigencia de la Comisión de que los incentivos al sector se otorguen a través de subastas. Y todos los países pugnan por diseñar el mejor sistema posible, conscientes de que es necesario acertar con el modelo para que la Transición Energética se haga de la mejor manera posible.
Pero lo cierto es que no todos partimos del mismo punto. En 2016, el 51% de las nuevas instalaciones energéticas de la UE fueron eólicas, según datos de la asociación eólica europea WindEurope. Con 12.500 nuevos megavatios en el año y una potencia total de 153.100 MW, la eólica cubrió el 10,4% de la demanda eléctrica europea en 2016. La inversión en el sector alcanzó un récord de 27.500 millones de euros en el año.
En el ranking por países, Alemania es el que más instaló, con 5.443 MW, un 44% del total europeo. Le siguen Francia (1.561 MW), Holanda (887), Reino Unido (736) y Polonia (682). España está en los últimos puestos: la potencia eólica aumentó en 38 MW, lo que situaba el total a 31 de diciembre de 2016 en 23.026 MW, según los datos recabados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). De esta cantidad, 32 MW (el 84% del total) corresponden a parques de Castilla y León que ya estaban inscritos en el antiguo Registro de Preasignación y que no han sido instalados antes por problemas ajenos a los promotores, lo que les da derecho a la retribución de las instalaciones anteriores a la Reforma Energética. El resto corresponde a los primeros megavatios instalados del cupo canario (4,6 MW) y a una repotenciación en Galicia (2,1 MW).
Es decir, que continúa la parálisis en la que se encuentra sumido el mercado desde que entró en vigor la Reforma Energética: en los últimos tres años, sólo se han instalado en el país 65 MW eólicos, frente a los 2.334 MW del trienio anterior. Esto ha obligado a los fabricantes de aerogeneradores y componentes presentes en España a exportar prácticamente el 100% de lo manufacturado en los últimos tres años, lo que complica su permanencia en el país. Según la Planificación Energética 2015-2020, el Gobierno considera que España necesita 8.500 MW renovables para cumplir con los objetivos europeos a 2020, de los que 6.400 MW (el 75%) deberían ser eólicos.
España necesita reactivar el mercado doméstico ya si no quiere correr el riesgo de perder a su industria, envidiada en todo el mundo por contar con empresas en toda la cadena de valor, a manos de otros países deseosos de acoger las fábricas. Estamos hablando nada menos que de 22.000 empleos y 3.000 millones de euros anuales en exportaciones de tecnología que nos convierten en el tercer exportador de aerogeneradores del mundo. A día de hoy, la eólica es la única tecnología que tiene industria propia en España, la que más beneficios por megavatio instalado aporta (más empleo, más seguridad de suministro, más energía, además de ser la que más reduce el precio de la luz) y es la más madura, competitiva y sostenible.
Y ese mercado doméstico sólo crecerá a través de las subastas. Por eso, las miradas se dirigen ahora hacia la subasta de 3.000 MW renovables anunciada por el Gobierno que, si estuviese bien orientada, podría poner fin a la parálisis de las inversiones desde la moratoria verde. Ahora bien, el diseño final de esta subasta –que se encuentra aún en periodo de información pública– será clave. AEE aboga por un sistema que encuentre el equilibrio entre fomentar la energía barata, autóctona y sin emisiones, con el fomento del tejido industrial español. Para ello, sería necesario contar con cupos diferenciados por tecnología, de modo que las empresas tuviesen visibilidad y pudiesen tomar decisiones en consecuencia. Un sistema que garantice no sólo el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la UE de cara a 2020 y 2030, sino que también contribuya a la reactivación de la economía de las diferentes comunidades autónomas y a la creación de empleo industrial.
Debería tenerse en cuenta también que, para que se reactiven las inversiones en el sector en España, es necesario resolver determinados aspectos de la Reforma Energética –especialmente en el Real Decreto 413/2014– que son un obstáculo para el éxito de la subasta por la inseguridad jurídica del propio modelo. Destaca el hecho de que la rentabilidad razonable de los proyectos pueda ser modificada cada seis años. En el caso de esta subasta, se da la paradoja de que los proyectos que resulten adjudicatarios han de estar instalados a finales de 2019, fecha en la que acaba el periodo regulatorio de seis años en el que el Gobierno puede modificar la rentabilidad razonable de las instalaciones. Es decir, que los proyectos que vayan a la subasta lo harán a ciegas, desconociendo la retribución que van a tener, lo que dificulta sobremanera el acceso a la financiación.
También es necesario eliminar los límites de la senda de precios de mercado prevista que impiden que se alcance la rentabilidad que garantiza la ley. Asimismo, se debería compensar a las empresas cada año en vez de cada tres. En la misma línea, AEE considera que para el año 2020 y siguientes se debe utilizar una senda de precios de mercado para calcular la retribución más acorde con la realidad, opinión que comparte la propia CNMC como ha expresado en sendos informes. Esto implicaría utilizar la cotización actual del futuro de OMIP para el año 2020, de 42,22 euros/MWh, frente a los 52 euros utilizados por el regulador en su propuesta, aún pendiente de publicación en el BOE a pesar de que es la norma que fija la retribución del sector con efectos desde el pasado 1 de enero. Es decir que, actualmente, las empresas eólicas españolas no saben con qué retribución cuentan.
Entendemos que el sistema de subasta adecuado es aquel que consiga volver a atraer inversión y crear empleo, lo cual pasa por un modelo que, además de fomentar la energía barata, autóctona y sin emisiones con el mínimo coste para el consumidor, apueste también por la industria y la tecnología propias, es decir, por el fomento del tejido empresarial español.
El nuevo Gobierno tiene retos importantes por delante, ya que debe liderar la Transición Energética de España y lanzar un modelo energético que se adapte a los retos a los que se enfrenta. Los países europeos deben empezar a definir ya en sus Planes Nacionales de Energía y Clima la forma en que realizarán la Transición Energética a nivel nacional.
El sector eólico está dispuesto a poner toda la carne en el asador. A pesar de los sucesivos problemas regulatorios y la parálisis del mercado doméstico, el sector se mantiene a flote gracias a su profesionalidad y a su cintura para internacionalizarse con éxito. Hay 23.000 MW repartidos en 1.080 parques en 800 municipios que aportan el 20% de la electricidad que consumen los españoles. Sin esos 23.000 MW eólicos que proporcionan energía limpia y autóctona a los consumidores, en 2016 el precio del mercado eléctrico hubiese sido 15,26 euros/MWh más alto –un 28%–, según los cálculos de AEE.
Hay que acertar con el modelo de subastas si queremos que el sector se desarrolle en España en los próximos años. No es una opción. Lo que está en juego es el futuro.
