Tribuna de opinión

El panorama actual es la paradoja de un sector clave en la economía española, que crece en todo el mundo y que está llamado a ser pieza clave en la lucha contra el cambio climático, según los objetivos de la Unión Europea 2020/2030 y los derivados de la COP21, los conocidos como los Acuerdos de París.

No sucede lo mismo en el resto del mundo donde prácticamente todos los países avanzados han puesto en marcha ambiciosos planes para desarrollar las energías renovables. Ello ha hecho posible que según datos del informe publicado recientemente por la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena), las renovables aumentaron su capacidad de generación eléctrica con en 151.500 nuevos MW renovables, hasta alcanzar 1.985.000 MW instalados en 2015.

Al tiempo, el empleo en el sector alcanza ya en todo el mundo 8,1 millones de empleos (9,4 millones si se cuenta la gran hidráulica). Por referirnos a países de nuestro entorno, decir que Francia cuenta con 2,5 veces más empleos verdes que España y que Alemania quintuplica la cifra de empleos renovables de nuestro país. Según Irena, la causa de la destrucción de empleo en el sector en España en los últimos años es consecuencia de las políticas adversas puestas en marcha en el sector eléctrico, que han provocado la pérdida de empleo en todas las tecnologías renovables. Así, el sector ha pasado en nuestro país de emplear a más de 136.000 personas en 2008 a cerrar 2015 con unos 75.000 empleos. Irena considera que para cumplir los objetivos a 2030 es necesario que se duplique la tasa actual de renovables en el mix energético mundial, lo que representaría la creación de 24 millones de nuevos empleos en el sector de las energías limpias. Conforme a estas previsiones, España, que cuenta con buenos y numerosos recursos renovables, está perdiendo cada día que pasa la posibilidad de atraer inversiones a un sector clave en la economía mundial y en el que hace pocos años nuestro país ocupaba una posición de liderazgo.

Dada la situación, al nuevo Gobierno no le quedará más remedio que caminar por la senda que en materia de renovables se han marcado Europa y el resto del mundo en París. Su prioridad más inmediata debe ser conseguir los objetivos comprometidos con Europa de alcanzar el 20% de penetración de energías renovables en 2020 y del 27% en 2030. Para alcanzar los compromisos de nuestro país a 2020 es necesario que se cumplan los escenarios de la Planificación Energética 2015-2020 del Ministerio de Industria, que prevén la instalación de 8.500 MW renovables (1.700 MW anuales). Objetivos, paradójicamente, muy lejos de los 700 MW (500 MW de eólica y 200 de biomasa) que la subasta eléctrica puesta en marcha por el propio Ministerio contempla instalar en los próximos cuatro años y que sólo representan el 8% de lo previsto en la planificación. A pesar de la elocuencia de las citadas cifras, Industria mantiene que estamos en la senda de cumplir nuestros objetivos a 2020, algo que desde APPA vemos imposible con la actual política energética.

En cualquier caso, como denunciamos en su momento, la solución no pasa por convocar concursos o subastas de espaldas al sector, con unos requisitos de participación y unos criterios de adjudicación alejados de la realidad del mercado, que puedan distorsionar su resultado. Es lo que sucedió con la subasta comentada, convocada en abril de 2015 y finalmente resuelta en enero de 2016, que sólo tuvo en cuenta la componente financiera, sin más requisito que la presentación de un aval, lo que puede hacer difícil la materialización de los proyectos adjudicados.

No obstante, según ha trascendido a la opinión pública, el Ministerio de Industria trabaja en la convocatoria de una nueva subasta de potencia renovable. Antes de poner en marcha nuevas subastas APPA pide un marco regulatorio estable para el sector. Es necesario que las renovables recuperen la seguridad jurídica perdida y que definamos como país una estrategia en materia energética, que debería seguir la senda de los objetivos medioambientales europeos e internacionales.

Nuestra Asociación aboga por un pacto de amplio consenso, duradero y que debería ser previo a cualquier planteamiento sectorial. Para que ello se produzca es necesario definir una estrategia energética, con vigencia a largo plazo y que el Gobierno consensúe con los agentes del sector el diseño de un desarrollo ordenado de las energías renovables en nuestro país. APPA pide que los planteamientos para nuevos desarrollos renovables se hagan con sensatez y seriedad, que traigan estabilidad al sector y que no arrojen más incertidumbre al mismo. Hay que ser cuidadosos para no actuar con precipitación ni tampoco hipotecar el futuro del sector renovable al tomar decisiones improvisadas como sería la convocatoria de una nueva subasta de potencia renovable.

La realidad es que, a día de hoy, el sector renovable español se encuentra paralizado y atraviesa una ya larga situación de crisis motivada por la política energética de los últimos gobiernos y, especialmente, por la moratoria renovable y la reforma eléctrica que han incidido de forma especial sobre las renovables hasta convertirlas en las grandes damnificadas de la misma. En dos años, 2014 y 2015, las energías renovables han sufrido recortes superiores a los 4.500 millones de euros, un 30% menos sobre la remuneración prevista. Otro ejemplo de la situación del sector es que en los citados dos años la potencia renovable se ha incrementado en 71 MW cuando en los dos anteriores (2012 y 2013) la cifra superó los 5.180 MW. A pesar de ello, las renovables representaron el 13,9% de la energía primaria en nuestro país en 2015 y el 34,6% de la generación eléctrica. Asimismo, el sector aportó a nuestro PIB más de 7.000 millones de euros en 2014. Las cifras demuestran claramente el importante peso que las renovables tienen en la economía española.

Por todo ello, la reactivación y el desarrollo del sector renovable debería ser un objetivo prioritario para cualquier Gobierno, máxime si queremos reducir nuestra altísima dependencia energética del exterior, que supera el 80%. España dispone de abundantes recursos renovables -que son nuestro particular petróleo-, cuenta todavía con un importante tejido tecnológico e industrial y nuestras empresas de renovables están preparadas para asumir un importante protagonismo en el reto de asegurar nuestro suministro energético reduciendo a la vez las emisiones de gases de efecto invernadero y generando riqueza y empleo. Pero la reactivación del sector renovable pasa por establecer un marco regulatorio estable a largo plazo, que permita recuperar la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en nuestro país. En este sentido, una de las acciones, que acabaría con la incertidumbre actual, sería establecer la llamada rentabilidad razonable para toda la vida útil de las instalaciones renovables en lugar de los seis años contemplados actualmente en la legislación.

Incentivar el desarrollo de las energías renovables pasa, asimismo, por revisar la alta fiscalidad de todo tipo que sufren las empresas del sector, que tienen que hacer frente, paradójicamente, incluso a impuestos medioambientales. Debería aplicarse el principio de que “el que contamina paga” y hacer que las fuentes de energía contaminantes soporten todas las externalidades negativas en las que incurren. De la misma manera, y aún en la situación de paralización actual del sector renovable, APPA pide a todas las partes interesadas que se mantenga e impulse la investigación y el desarrollo (I+D+i), con el objetivo de asegurar la tradicional industria innovadora de renovables, que triplica en este concepto las inversiones que realizan la media de las empresas españolas.

A pesar de la situación descrita, el horizonte que se abre para las renovables tras los Acuerdos de París y los objetivos de la Unión Europea a 2020 y 2030 nos permite ser muy optimistas en cuanto al futuro del sector. Debemos cuidar no poner en peligro ese futuro con planteamientos cortoplacistas. Es necesario huir de la improvisación y pensar en el largo plazo para conseguir desarrollos razonables y competitivos, que permitan poner en valor nuestra riqueza en recursos renovables y nuestro liderazgo.