La eólica sólo percibirá el 25,48% de la retribución regulada que le corresponde en el mes de enero, según la Cnmc

El sector eólico cobrará en enero tan sólo el 25,48% de la retribución regulada que le corresponde, según la liquidación publicada el viernes por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (Cnmc). El regulador explica que, como consecuencia de los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, se ha aplicado un coeficiente de cobertura del 25,48% al importe de las liquidaciones.

Se trata del efecto más inmediato de la medida incluida en la Ley 24/2013 que establece que las liquidaciones de la retribución regulada estarán supeditadas a la disponibilidad de fondos, de modo que no aumente el déficit de tarifa. Acogiéndose a la norma, en enero la Cnmc no hará frente al 100% del pago de la liquidación de las primas y complementos regulados correspondientes. Es decir, que los parques eólicos se enfrentan a un coste añadido –se les paga una cuarta parte de lo que les corresponde– por tener que cubrir unos desajustes de los que no son responsables.

Para evitar este tipo de situaciones y el grave perjuicio que les provoca a las empresas, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) propone que se haga una transferencia programada, sistemática y ágil de los fondos procedentes de la recaudación del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y las subastas de derechos de CO₂ –previstos en la Ley 15/2012– a la Cnmc. Si esta transferencia de fondos, obligada por ley aunque no sistematizada, no fuese suficiente para resolver este grave problema de liquidez, debería ser el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el que financiase este desajuste temporal anticipando los fondos, y no las empresas.

A la vista de las diferentes normas que afectan a la eólica tanto antes como a raíz de la Reforma Energética, da la impresión de que el regulador no está sumando el impacto de la acumulación de medidas en las cuentas del sector. El eólico es el sector más perjudicado por la Reforma y no sólo porque le corresponde hacer frente a más de la mitad del recorte esperado por el Gobierno con las reducciones a los incentivos del antiguo Régimen Especial, sino por la acumulación de normas que le afectan directa o indirectamente como la eliminación del complemento por energía reactiva; la posible obligación de financiar una parte de los pagos por capacidad y mecanismos de hibernación; la asunción de una parte del coste del innecesario servicio de interrumpibilidad, así como de los desvíos del déficit de tarifa si estos se producen.

Se trata de un impacto desproporcionado, ya que la eólica supone tan sólo el 11,4% de los costes regulados del sistema, además de ser la primera fuente de electricidad de España, haber cumplido escrupulosamente los objetivos del regulador y bajar el precio del mercado eléctrico. Con esta normativa, el Ejecutivo está penalizando tanto a las instalaciones más eficientes por haber logrado mejores resultados a lo largo del tiempo, como a las más antiguas e innovadoras, las que en su día se construyeron cuando la eólica era un sector de riesgo. Y aboca al sector a la deslocalización y venta de activos, así como a nuevos ajustes de plantilla.