El sector eólico ingresa 53 millones menos en enero por la aplicación de las nuevas medidas
14 de marzo de 2013
Según los datos de la CNE, la prima unitaria por kWh (el incentivo que cobra el sector para reducir la dependencia energética y las emisiones contaminantes) ha pasado de 4,187 céntimos de euro por kWh en enero de 2012 a 3,88 céntimos de euro en enero de 2013, lo que supondría un 7,2% menos. Este dato ya incluye las medidas del Real Decreto-Ley 2/2013, que entró en vigor en febrero con efectos retroactivos, pero no el nuevo impuesto del 7% sobre la generación. Tras aplicar este gravamen, la reducción real del incentivo es del 21,4% (3,292 céntimos de euro por kWh).
Para el conjunto del sector eólico, los datos de la CNE apuntan a un aumento del total de los incentivos del 62% (debido a que la producción eólica creció un 73% en enero como consecuencia de los fuertes vientos que han soplado sobre la Península, lo que la situó como la primera tecnología del sistema eléctrico). Pero, si se tiene en cuenta el impacto del impuesto del 7%, los incentivos de todos los parques eólicos subieron sólo el 37,9%, muy por debajo de lo que aumentó la generación.
En enero entró en vigor el Real Decreto-Ley 2/2013, que elimina la opción de las empresas de percibir el precio de mercado más una prima y que implica una reducción de facto de los incentivos por modificar los parámetros con los que estos se actualizan. Además, ha comenzado a aplicarse la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y, con ella, el nuevo impuesto del 7% sobre la producción eléctrica, cuya recaudación se destina a pagar las primas y supone una minoración equivalente en la retribución regulada.
La eólica ha generado el 57% de la electricidad del Régimen Especial (6,28 TWh) en el mes y ha supuesto el 34% de las primas reales.
Enero refleja que las medidas del Gobierno tienen un fuerte impacto en los ingresos de las empresas eólicas, como ya había advertido AEE. Estas medidas, que son retroactivas, vulneran los principios de rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima, por lo que ponen en jaque el futuro del sector. Por ello, AEE considera que el Gobierno debería reconsiderarlas.
