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Appa denuncia que el Gobierno aniquila, decreto a decreto, al sector renovable

04/02/2013

4 de febrero de 2013

Según señala la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), el Real Decreto-ley anunciado el pasado viernes por el ministro de Industria, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros supone un nuevo golpe al sector nacional de energías renovables. La no actualización de las primas mediante el IPC y la abolición de la modalidad de mercado más prima, que en la práctica saca a las energías renovables del mercado, constituyen nuevos pasos en la política de exterminio del sector renovable en España.

Un año después de la moratoria a las energías renovables decretada por el actual Gobierno y apenas un mes después de la entrada en vigor del impuesto sobre la generación, el ministerio de Industria lanza un nuevo golpe al sector renovable nacional. La actualización de las primas según la “inflación subyacente” supone en la práctica que la retribución crezca por debajo del IPC. Por otro lado, la abolición de la modalidad de mercado más prima llevará al sector renovable a cobrar una tarifa fija regulada y lo dejará a merced de nuevos impuestos, como el ya mencionado y aprobado en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

El régimen ordinario repercutirá los nuevos impuestos con incrementos en el precio del mercado y el sector renovable los tendrá que asumir de forma íntegra. Las medidas, como ya viene siendo práctica habitual en el Ministerio, no han sido discutidas ni comunicadas al sector, que tomará todas las medidas legales para defenderse de los continuos ataques del Gobierno.

Ataque desmedido contra las energías renovables

Este nuevo Real Decreto-ley continúa una brutal política contra las energías renovables que comenzó con el anterior gobierno. Medidas retroactivas, recorte de horas de producción, nuevos impuestos, moratoria y, ahora, una nueva modificación a las reglas de juego propuestas por el Gobierno y reflejadas en el Boletín Oficial del Estado. La utilización del Real Decreto-ley evita la información pública y el dictamen del Consejo de Estado previos que son preceptivos en las normas con rango de Real Decreto.

Cuando se trata de atacar a las renovables, las reglas establecidas son maltratadas de manera sistemática sin ningún tipo de diálogo o contraprestación, hundiendo la reputación de nuestro país ante los ojos de los inversores internacionales.

El Gobierno desoye las directivas europeas de forma flagrante y ataca, una y otra vez, al sector renovable nacional, en contra del interés general de nuestro país, tanto en términos económicos como laborales y medioambientales; todo ello mientras el 81% de los españoles apuestan por las renovables como fuente energética prioritaria según el último Eurobarómetro. El objetivo final de estas medidas no parece ser otro que hacer quebrar las plantas existentes y que sean entregadas a las entidades financieras.

Los argumentos para estos ataques están basados en la desinformación, obviando interesadamente los múltiples beneficios de las energías renovables (en el período 2005-2011, sólo los ahorros en el mercado eléctrico superaron en 7.607 millones de euros a las primas) y haciendo creer al consumidor final que los problemas del sistema eléctrico son culpa, única y exclusivamente, de estas energías. Cuando el ministro Soria solicita un crédito de 2.200 millones argumenta que es para el desfase de las primas al régimen especial cuando hay otros costes, como los de los sistemas insulares y extrapeninsulares (1.500 millones anuales) que no se han trasladado a los Presupuestos Generales del Estado por pura conveniencia política.

Las energías renovables son la apuesta mundial de todos los gobiernos para combatir la dependencia energética mientras que en España están siendo perseguidas por el Gobierno cuando deberían ser firmemente apoyadas como un pilar fundamental de nuestra recuperación económica.

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