La eólica sería la tecnología más penalizada por una subida del impuesto a la generación del 6 al 7%

La enmienda del PP al proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que propone un aumento del 6 al 7% del futuro impuesto sobre la generación eléctrica supondría que el eólico sería el sector que más tendría que pagar en términos absolutos. Según los cálculos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el impacto para el sector sería de unos 300 millones de euros, una cantidad inasumible para unas empresas que ya atraviesan serias dificultades. El sector considera injusto e inaceptable que una tasa que nace con vocación de sostenibilidad ambiental penalice por encima de todas las demás a una tecnología con claros beneficios medioambientales y económicos para España, que es una de las que tiene la retribución más ajustada, que abarata el precio del mercado eléctrico, que es la más competitiva de las renovables y que no es culpable del déficit de tarifa.

Si a la inexistencia de un marco regulatorio que dé continuidad y futuro al sector, la elevada presión fiscal autonómica y local, y la caída de ingresos a los que se enfrenta el sector por el cambio de régimen económico en 2013 se le añade un impuesto del 7% sobre la generación, las empresas no podrán instalar nueva potencia y los fabricantes –que ya se enfrentan a cierres de fábricas y despidos por la falta de pedidos para el mercado doméstico– se verán obligados a marcharse de España.

Por todo ello, AEE considera que la enmienda que el PP ha presentado en el Senado no debería ser aprobada, ya que provoca más perjuicios que beneficios y supone que, tras el trámite parlamentario del proyecto de ley, todas las incertidumbres continúan abiertas. El sector eólico entiende que la prioridad del Gobierno sea acabar con el déficit de tarifa y ha demostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad a hacer concesiones por el bien del país y su situación económica, siempre que sean justas y negociadas. Sin embargo, no comprende que se tomen medidas que penalicen injustamente a una tecnología que se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos del regulador y que tanto le puede aportar a España en un momento de graves dificultades económicas. Entre otras cosas, la eólica frena el deterioro de la balanza comercial española al evitar más de mil millones de euros en importaciones de combustibles fósiles. Y exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros.

2013 se presenta como el año más difícil para la eólica. A la moratoria para las nuevas instalaciones, se suma el próximo 31 de diciembre que los parques eólicos acogidos a la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 661/2007 (los que decidieron quedarse en el Real Decreto 436/2004 transitoriamente) deberán pasar a uno de los regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661, lo que supondrá una merma de ingresos de unos 150 millones para el sector. Además, las empresas dejarán de percibir el complemento por la adecuación a los huecos de tensión de los parques eólicos (125 millones). Si se suma el nuevo impuesto a la generación, el impacto total sería superior a los 500 millones de euros para un sector que factura unos 3.500 millones al año.