"Los fontaneros ya no pueden soportar la situación que atraviesa el mercado"

El 27 de noviembre se convocó una rueda de prensa en la sede de Conaif, en Madrid. El presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (Conaif), Esteban Blanco Serrano fue el portavoz de todos estos sectores azotados por la crisis económica, especialmente de los fontaneros, los cuales se ven desprotegidos por la falta de regulación de la profesión. Martín Agenjo, ponente de la Comisión de Aguas de Conaif, también fue invitado para a exponer su opinión ante una decena de medios de comunicación.

De izquierda a derecha: Martín Agenjo, ponente de la Comisión de Aguas de Conaif, y Esteban Blanco Serrano, presidente de Conaif.

La tradicional actividad que desempeñan los fontaneros se puede decir que, a día de hoy, está al borde del colapso y más de 5.000 empresas instaladoras de fontanería de toda España están amenazadas con el cierre por el intrusismo profesional y por la economía sumergida que proliferan en el sector, debido a la falta de regulación de la profesión. Así lo ha denunciado en rueda de prensa Esteban Blanco Serrano, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (Conaif), la principal patronal española del sector con 19.000 empresas de toda España asociadas.

Tal y como ha apuntado en su intervención, nadie en la Administración Central (fundamentalmente Ministerios y organismos públicos dependientes de éstos) se quiere hacer cargo ni admite ser competente en un problema como éste, cuyo origen está más que claro para el colectivo de empresas de fontanería al que representa: las facilidades que los intrusos encuentran para actuar libremente ante la ausencia casi total de regulación de la profesión –salvo algunas excepciones autonómicas-, como consecuencia del modo como se ha aplicado en España la Directiva de Servicios y las leyes que la trasponen, entre ellas las conocidas con los sobrenombres de leyes Ómnibus y Paraguas, que pretenden la simplificación administrativa para favorecer la libre circulación de servicios.

Martín Agenjo, ponente de la Comisión de Aguas de Conaif y Esteban Blanco Serrano, presidente de Conaif, durante la rueda de prensa.

El presidente de Conaif ha sido explícito respecto a la postura de su organización: “nosotros – ha dicho - no nos oponemos a la Directiva de Servicios, sino a cómo se ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. La idea de liberalizar la prestación de servicios implica la supresión de determinadas trabas que pudieran limitarla. Pero la simplificación administrativa, en nuestra opinión, no ha de ser en modo alguno sinónimo de desregulación de la actividad de la fontanería, como ha ocurrido en España. En otros países europeos de nuestro entorno se ha traspuesto la Directiva de modo que siguen manteniendo las habilitaciones profesionales plenamente vigentes”.

La solución pasa por “que se vuelva a regular la actividad, reestableciendo los carnés profesionales y registros de empresas. Y si es a nivel nacional, mejor aún porque evitaría las trabas a la movilidad interprovincial de las empresas que la disparidad de regulaciones autonómicas podría ocasionar”, concluyó.

La situación en estos momentos es que no existe un marco regulador de la fontanería en el ámbito nacional y en casi todas las comunidades autónomas - salvo alguna excepción, como Aragón, Murcia, Canarias y País Vasco – lo han suprimido o están en proceso de hacerlo. “Se necesita con urgencia una regulación nacional que ampare la profesión y a los profesionales que la ejercen”, ha insistido Esteban Blanco. “Si no es así y de forma urgente, una parte importante de las empresas españolas de fontanería, en torno a unas 5.000, estarán abocadas al cierre”.

Comparecencia de Esteban Blanco Serrano.

Según las cifras que maneja esta organización empresarial, tan sólo en Galicia se han perdido en los dos últimos años algo más de 1.000 empresas de fontanería y 3.500 puestos de trabajo. Las cantidades para toda España sitúan el número de defunciones empresariales en torno a 6.500 en el último lustro.

“Un autónomo o una pyme con uno o dos trabajadores en nómina, es decir, los perfiles mayoritarios dentro del colectivo, tienen muy difícil hacer frente al intrusismo y a la economía sumergida porque asumen unas obligaciones que los otros no tienen al estar al margen de la legalidad”, ha explicado el presidente de Conaif, que ha sumado a este desafío los problemas que el descenso de la actividad y la morosidad representan para la profesión.

Además de las empresas instaladoras de fontanería legalmente establecidas, los otros grandes perjudicados por la ausencia de regulación son el medio ambiente y los usuarios, que quedan desamparados ante una posible actuación fraudulenta. Hasta hace unos pocos años en España, para poder ejercer la actividad se exigía el carnet de instalador de fontanería – obtenido tras superar un examen y un periodo de formación previo- y cumplir otra serie de requisitos que suponían una garantía tanto para el usuario como para la seguridad de las instalaciones. Ahora, en cambio, no existen carnés – se mantienen vigentes en tan sólo dos comunidades autónomas -, tampoco un registro público oficial de empresas que permita al usuario, entre otras cosas, su localización ante una reclamación, ni obligación como antes de disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, ni tampoco contar con personal cualificado en la empresa.

Es el panorama idílico para cualquiera que quiera trabajar fuera de la ley porque además, se ha acabado con el control administrativo de las empresas previo al inicio de su actividad, que permitía verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos.

En opinión del presidente de Conaif, “con todo esto se está llamando a voces a personas sin cualificación ni control de ningún tipo y desprotegiendo al mismo tiempo a unos usuarios que tienen derecho a recibir un servicio de calidad por parte de empresas legalmente establecidas”.

La rueda de prensa concluyó con un turno de preguntas.

La ausencia de regulación para poder ejercer en España la profesión, está provocado un 'efecto llamada' en otros países de la Unión Europea e incrementado los índices de economía sumergida. Mientras que los fontaneros españoles necesitan un permiso para trabajar en determinados países europeos, los foráneos pueden hacerlo en España prácticamente sin restricción.

Martín Agenjo, ponente de la Comisión de Aguas de Conaif, lo dejó claro: "El problema viene desde diciembre de 1975, una vez ya empezada la democracia hubo quien hizo los deberes y quien no”. Asimismo puntualizó que “el defensor del pueblo es el único apoyo con el que contamos actualmente. Estos vientos de desorden vienen de Bruselas. En Eurovillas (Madrid), acaba de darse un problema de contaminación de las aguas. Si nuestros gobernantes no cuidan de la salud de sus ciudadanos, ¿para qué queremos a estos gobernantes?; ¿Para qué nos sirve tener el Código Técnico más nuevo de Europa si no tenemos instaladores que lo realicen? Y aseguró que “en Castilla la Mancha no existe lo que es un certificado de aguas”.

El futuro del sector es "negro" si las autoridades no toman cartas en el asunto de manera inmediata. Las pymes y autónomos dedicados a la fontanería no pueden soportar en la situación actual una carga de las dimensiones del intrusismo y la economía sumergida. Para Conaif es la puntilla definitiva a la fontanería, una profesión que hoy más que nunca necesita contar con verdaderos profesionales de la ejecución de las instalaciones interiores de agua. Pero aún así, todos los Ministerios españoles rechazan a día de hoy tener competencias en esta área y, por lo tanto, responsabilidad para resolver el problema de la desregularización. La fontanería se encuentra en tierra de nadie y constituye una pelota que se van pasando de unos a otros en un bucle sin fín.