El Gobierno y el PP ignoran las propuestas del sector renovable, según APPA

En su último comunicado, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) señala que las medidas introducidas por el Partido Popular en el Senado son aún más perjudiciales que las inicialmente propuestas para cientos de empresas del sector de las energías renovables. El texto original de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética ya era especialmente discriminatorio contra el sector renovable y comprometía seriamente la viabilidad de las compañías. El aumento de la tasa, del 6 al 7%, supone un nuevo golpe para el sector y una nueva decepción de un Ministerio que, públicamente, habla de diálogo pero desoye todas las propuestas recibidas. Las tecnologías que reciben una tarifa fija deberán asumir íntegramente las nuevas tasas mientras que los nuevos impuestos serán repercutidos por las grandes eléctricas a los consumidores, tanto a particulares como empresas, los verdaderos perjudicados de estas medidas claramente injustas y arbitrarias.

Las medidas introducidas en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular a la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética atentan directamente contra la viabilidad de cientos de empresas del sector de las energías renovables. No deja de resultar paradójico que una Ley sobre “sostenibilidad energética” comprometa seriamente la viabilidad del sector de las energías renovables.

El Gobierno y el Partido Popular dan, una vez más, una muestra de improvisación en un sector, como es el energético, en el que la planificación debe realizarse a largo plazo y donde la estabilidad regulatoria es fundamental. Estas tasas son especialmente discriminatorias para todo el sector renovable, ya que se aplica sobre el total del precio y no sólo sobre el precio de mercado. Adicionalmente, las nuevas tasas pueden ser repercutidas por las compañías que van a mercado, como las grandes eléctricas, por lo que el coste se trasladará a los consumidores. En el caso de las tecnologías renovables que cobran una tarifa fija por su producción, las nuevas tasas no pueden repercutirse y deberán asumirse de forma íntegra.

Las empresas del sector renovable ya vienen soportando fuertes recortes retroactivos aprobados por el anterior Gobierno en 2010. Estos recortes, denunciados ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres, ya fueron calificados por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, como “retroactivos” e “inaceptables”.

Un aumento de la tasa a la generación supondrá una subida de la tarifa eléctrica a medio plazo. Las grandes eléctricas podrán repercutir estas tasas a sus ofertas, provocando un incremento en la tarifa eléctrica proporcional a éstas. De esta forma, la intención del Gobierno de repartir el esfuerzo entre Estado, empresas y particulares para resolver el déficit tarifario quedará en meras palabras.

La Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y las enmiendas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado carecen de visión estratégica. Si bien el sector renovable ha sido recibido por el Gobierno, no se ha atendido ninguna de las peticiones que se han realizado.

El Ministerio ha ido planteando a los diversos interlocutores como condición previa ante cualquier sugerencia de cambio en el Proyecto de Ley que éstas fuera compensadas con otros cambios de manera que en términos netos la suma de todos los efectos fuera cero.

La búsqueda de la “suma cero” económica, defendida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no contempla que las energías renovables, cuyos beneficios en ahorros, generación de empleo e independencia energética son muy superiores a los costes, tienen mucho que aportar a la recuperación de nuestra economía.

El sector renovable defiende que se busque un saldo positivo en términos de empleo, inversión, desarrollo tecnológico, reducción de la dependencia energética y seguridad jurídica porque si no, finalmente, a España le va a resultar un saldo muy negativo.

El Ministerio ha identificado el déficit tarifario como el problema más importante de nuestro sistema energético. Sin embargo, el déficit tarifario, siendo el problema más urgente, no es el más importante. El mayor problema de nuestro modelo es la alta dependencia energética del exterior. En 2011, según los datos del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, las importaciones energéticas superaron los 39.933 millones de euros. A efectos comparativos, la balanza comercial nacional tuvo un saldo importador de 46.338 millones.

El déficit tarifario sólo podrá resolverse si se acomete una reforma en profundidad de todo el Sector Eléctrico en la que, entre otros puntos, deberá abordarse la reducción de los pagos extraordinarios a algunas tecnologías, denunciados por el Consejo Europeo, y la eliminación de la tarifa de todos aquellos costes del sistema eléctrico que no tengan que ver con la generación, transporte, distribución y comercialización de la electricidad.

Si hay voluntad política, existen alternativas técnicas y económicas para combatir el déficit tarifario sin poner en peligro un sector de tanta proyección e importancia para nuestra recuperación económica como es el de las energías renovables. Para aumentar la recaudación, se debería hacer extensible cualquier nueva tasa a todos los ingresos del sistema eléctrico, como los servicios de ajuste o los pagos por capacidad, y adecuar los impuestos propuestos en la Ley sobre la generación y almacenamiento de residuos hasta valores razonables y viables, de acuerdo con la opinión de la CNE y el comisario europeo de Energía.