Faeca exige responsabilidades y compensaciones económicas por parte de Alemania y la UE

Una vez conocidos los resultados emitidos por los laboratorios alemanes y españoles, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) considera que es el momento de depurar responsabilidades y, sobre todo, de iniciar una seria reflexión en el seno de la Unión Europea, al no haberse respetado los sistemas de control y protocolos de actuación establecidos, dañando considerablemente, y sin causa claramente justificada, la imagen de uno de sus Estados miembro.

En opinión de Faeca, esta crisis ha dejado al descubierto la irresponsabilidad del Gobierno alemán y las debilidades de la Unión Europea. Por una parte, resulta claramente inadmisible que, sin una mínima base objetiva, Alemania acusara a los pepinos españoles de ser el origen de la crisis. Todo lo contario, había evidencias suficientes para descartar dicha afirmación: personas afectadas que no habían consumido pepinos, caída de mercancía en trayecto, inexistencia de la variante de la bacteria ‘E.Coli’ en España, etc. Por otra, las autoridades comunitarias, inhibidas durante prácticamente toda la crisis, tampoco han hecho valer sus sistemas de control y han permitido la actuación individual y descoordinada de los Estados miembro, obviando la estrategia común y perjudicando gravemente la imagen de España, dentro y fuera de las fronteras europeas.

En consecuencia, Faeca considera, en primer lugar, que el Gobierno español debe exigir a Alemania un reconocimiento público de su irresponsabilidad, un apoyo manifiesto a las producciones hortofrutícolas españolas y un resarcimiento del daño provocado mediante los mecanismos que se estimen oportunos. Asimismo, el Gobierno español debe exigir a la Unión Europea una seria reflexión, compensaciones económicas y una revisión de su política de calidad: trazabilidad en destino, protocolos de actuación ante crisis de este tipo etc. La propagación incontrolada de esta crisis, sin disponer de ningún tipo de prueba objetiva, evidencia que los protocolos comunitarios existentes no han podido evitar el daño todavía incuantificable a los productos hortofrutícolas españoles.